España, Reino Unido y Gibraltar encararon diciembre con unas reuniones telemáticas para tratar la entrada del Peñón en el espacio Schengen europeo. Algo que los entendidos tratan de privilegio porque ni ahora la colonia británica goza de ese privilegio. Al parecer la negativa de Reino Unido a la presencia policial de España impide que Gibraltar sea zona Schengen.
El optimismo fue a más cuando pareció que salvaba el escollo de la vigilancia del aeropuerto y el puerto gibraltareño con agentes de Frontex y no españoles. Pero a partir de esta semana, el acuerdo parece haberse atascado por motivos que ninguna de las partes quiere desvelar. El Gobierno español mantendrá por lo pronto tras la Nochevieja la validez de los permisos de conducir y de trabajo de los gibraltareños, así como su acceso al sistema sanitario y universitario español.
Este lunes, la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya lanzó un claro ultimátum: 72 horas para evitar un Brexit duro con un horizonte para hablar que se extingue con las 12 campanadas. Sin consenso, solo los transfronterizos comunitarios tendrían asegurado el paso con DNI y el atasco en la frontera para personas o mercancías se prevé tan caótico como incierto.
Para intentar mitigar estos efectos negativos, el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas que suaviza al máximo posible el impacto, al garantizar los derechos de los gibraltareños y británicos residentes en España tras el fin del periodo transitorio con la Nochevieja. Pero son medidas limitadas en el tiempo y, además, requieren que Reino Unido haga lo mismo.
