La justicia belga ha decidido archivar la causa abierta contra el juez español, Pablo Llarena, instructor de la causa del Procés ante el Tribunal Supremo.
Fue Puigdemont junto a Comín, Serret, Ponsnatí y Puig quienes le denunciaron por las declaraciones públicas que había realizado, que según la parte denunciante suponían «parcialidad y partidismo» del juez ante la vía civil. Se alegaba que con el comportamiento y las decisiones del juez, haciendo referencia a los episodios tan conocidos de las euroórdenes que fueron retiradas en dos ocasiones, se vulneraba flagrantemente la presunción de inocencia de los demandantes.
Dos años ha tardado la justicia belga en archivar el asunto, que se trató desde España como una cuestión de Estado, y no como un asunto personal del juez, por lo que su defensa ha sido pagada con dinero público. El montante que le corresponderá pagar ahora a España por la defensa del juez Llarena asciende a 166.628,62 euros.
El asunto no se ha dado por concluido, puesto que los demandantes han anunciado ya que recurrirán el archivo del caso.
