El exministro Jorge Fernández Díaz y el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy quienes en 2014 decretaron que todo lo relacionado con fondos reservados pasara a ser, directamente y sin mayor detalle, «Secreto de Estado». Una manera eficaz de dificultar el conocimiento de las materias bajo las que se esconden estas actividades y de las que no. Otra más de las ‘Cloacas del Estado’ español.
La Operación Cataluña existió, y algunos de sus responsables están ahora imputados. Por ejemplo los 200.000 euros que Villarejo pagó a Javier de la Rosa y los otros tantos que le dejó a deber, los pagos a la ‘testigo’ del caso Pujol, Victoria Álvarez, o un cheque a un agente de los Mossos d’Esquadra por parte de Enrique García Castaño. También los viajes a Venezuela para las diferentes investigaciones ilegales contra Podemos.
Se está protegiendo a Victoria Álvarez y Javier de la Rosa, testigos de la causa contra la familia del president Jordi Pujol i Soley y que han participado en comisiones de investigación en el Parlament catalán o en entrevistas en cualquier medio de comunicación que se lo ha solicitado sin que nadie los haya acusado nunca de revelación de secretos de Estado.
El comisario Marcelino Martín-Blas acudió a la comisión del Parlament de Catalunya que en 2017 investigaba Las cloacas de Interior y en ella explicó cómo se urdió el informe borrador contra la familia Pujol y por qué desde Asuntos Internos se empezó a a investigar a determinados agentes de la UDEF. Nunca nadie le avisó de que estuviera cometiendo un delito de revelación de secretos porque aquello fuera materia reservada. España es una pseudo democracia cuando oculta sus actuaciones.