Salvador Illa, del PSOE, el 31 de enero en el debate a ocho retransmitido por el Canal 24 horas de TVE: “Solo es posible dialogar dentro de la ley”.
Alejandro Fernández, del PP, en declaraciones a los medios el 2 de febrero: “No estamos dispuestos a hablar de temas que estén fuera de la ley”.
El bipartidismo como disfraz imprescindible, adquirido en la feria celebrada el 23F de 1981 para convertir la Constitución y todas las nuevas leyes en amenazas contra cualquier cambio que pretendiera desatar algo.
Por su parte, Arrimadas, de Ciudadanos, y Garriga, de Vox, matizando con detalles de menor cuantía lo mismo que dicen Illa y Fernández.
Mientras tanto, ERC, PSOE y UP haciendo teatro, el electoral, para votar en el Congreso lo de regresar a una mesa de diálogo de la que no habían renegado, pero que fracasó porque cada actor la concibió, la concibe y la concebirá de manera diferente. Puro teatro, pues.
Constatada la evidencia histórica de que las leyes han ido cambiando, todo hace pensar que desde La Moncloa y su oposición españolista solo se entiende que las normas importantes, si cambian, debe ser por la fuerza. Por ejemplo, tras una guerra civil o, durante las transiciones inevitables, mediante una combinación, letal a largo plazo para la libertad y la democracia, de engaños, amenazas y desmemorias.
En otras democracias las leyes han ido cambiando por la actividad legislativa en paz. En cambio, en la monarquía con urnas que es España no se han actualizado lo suficiente como para satisfacer a la sociedad. Ha habido una parte, siempre la misma, que ha impuesto cada vez el orden del día.
En este caso, solo hay dos soluciones: la pacífica, que es un referéndum sobre lo que una de las dos partes no quiere hablar y la otra sí, o la violenta, para “bombardear Barcelona cada medio siglo”, como dijo aquel militar y se le escapará a algún bocazas de Vox tras el 14F si el independentismo vuelve a ganar.
Cerraremos el primer asunto de hoy apelando a la risa que siempre eleva barreras contra la intolerancia. Oscar Andreu, uno de los humoristas sobre temas de actualidad más seguidos en Catalunya, ha zanjado el debate: “Si fuera verdad que solo hay democracia dentro de la ley, las mujeres no podrían votar, los homosexuales no podrían casarse, no existiría la jornada laboral de 8 horas, Rosa Parks no habría pasado a la historia y los gobiernos del PP y del PSOE no habrían negociado nunca con los terroristas de ETA”.
Cuando los que de verdad mandan no están sometidos a la ley de las urnas pueden, si quieren, convertir impunemente las elecciones en un chantaje contra elegibles y electores. Hablo de jueces que la historia los recordará como responsables directos de enfermedades y muertes de personas inocentes.
La Generalitat, acorralada, ha decidido pasar la página de la confusión y no recurrir la sentencia que impide un aplazamiento de las elecciones que contaba con el apoyo de todos menos este PSOE del “efecto Illa en su apogeo”. Se celebrarán el 14 de febrero.
Los partidos que apoyaban la fecha del 30 de mayo representan el 87,4% del poder parlamentario que debe renovarse, pero cualquier juez de España encontrará siempre un punto o una coma en la ley que le servirá para sentenciar a favor de lo que le dé la gana, aunque todos los informes sanitarios digan lo contrario. No les ha importado condenar a los votantes al miedo al contagio y, por tanto, no será de extrañar que haya quien se ponga a contar víctimas inocentes, contagiados y muertos cosecha 14F, pues la justicia natural dice que a estos jueces no les deberían salir gratis sus desmanes.
De momento, alguien debió llamarlos al orden pues el mismo día que tomaron las medidas cautelares, y sin duda en medio de su delirio de sentencio y mando, se permitieron el lujo de demorar hasta el día 8 de febrero la sentencia sobre un evento electoral con millones de personas convocadas seis días después. Nunca confesarán lo que paso, pero finalmente anunciaron la sentencia incluso antes de que finalizara el mes de enero.
Procede proclamar que el próximo Día de los Enamorados, por muchas medidas que se tomen, se producirán en Catalunya más contagios de los que suma cualquier día festivo.
Y también que algunos de esos contagios provocarán muertos, y que los responsables directos de esas muertes serán los miembros del tribunal sentenciador, excepto el juez que ha emitido el voto particular.
Y que esos jueces ni serán expulsados de la carrera judicial ni pisarán la cárcel, que deberían, tras tanto vicio blindado con tanta toga.
En cambio, las candidaturas que hoy gobiernan Catalunya, atrapadas por tan criminal sentencia, sí pagarán las consecuencias en las urnas, pues será inevitable que reciban el castigo de aquellos electores que piensen que no supieron hacerlo para evitar tamaño riesgo colectivo, sean cuales sean esos jueces que tanto odio demuestran hacia la sociedad que les rodea.
De hecho, ya está ocurriendo. Cuando aún no ha finalizado el plazo, ya son más de 9.000 las personas que han presentado alegaciones para no estar en las mesas electorales del 14 de febrero. En las elecciones anteriores fueron 30 veces menos los que alegaron.
¿Se atreverán, quienes tengan que decidir contra miles con nombres y apellidos, a obligarles a estar en las mesas de votación o, en su defecto, a sancionarles con fuertes multas si no acuden?
Espero que a Sánchez no se le ocurra enviar a miembros del ejército para asegurar la constitución de las mesas electorales, especialmente si sus fontaneros terminan comprobando que la inmensa mayoría de las alegaciones estuvieran firmadas por potenciales votantes españolistas, que el todo vale contra los independentistas es la clase de ley de la selva vigente en España.
Las otras dos falacias, aunque no las últimas, que demuestra una cara tan dura como el cemento a la hora de atacar a los independentistas catalanes, y de las que abusan todos los españolismos, incluido el Gobierno de Sánchez, son las que hablan de la “década perdida” y de que los independentistas han dividido a la sociedad catalana.
Entre 2015 y 2019 España ha tenido que celebrar cuatro elecciones generales para formar gobierno: un 20D, un 26J, un 28A y un 10N. Siempre por la incapacidad para conseguir los acuerdos políticos necesarios.
En cambio, durante el mismo periodo los independentistas catalanes solo han celebrado dos, y las segundas porque la violencia legal del españolismo, a lomos del 155, acabó con su Parlament. En las del 2015 incluso habían sido capaces de sacrificar a Artur Más para lograr el consenso suficiente.
Hay milenios luz de distancia entre la capacidad de diálogo, negociación y acuerdo, es decir, capacidad de construir democracia, que demuestran con su trayectoria los independentistas catalanes, si la comparamos con la que, sin el menor fundamento, presumen los españolistas.
