Nuevo conflicto en el Valle de los Caídos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha notificado a la Fiscalía General del Estado que la permanencia de los monjes benedictinos que residen y gestionan el Valle de los Caídos podría ser ilegal desde el pasado 2 de octubre de 2020. A pesar de que en 1982 la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en 1982 pasó a depender de Patrimonio Nacional, nunca se modificó el escrito del convenio.
El convenio entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos, que desde 1958 regulaba la presencia de esa congregación religiosa en Cuelgamuros, se extinguió el día señalado. Este acuerdo no ha sido renovado por el Estado siguiendo el cumplimiento de la Disposición Adicional Octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Actualmente, esta competencia le pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Carmen Calvo.
El 29 de mayo de 1958 se firma en Madrid el Convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos. En el mismo se establece que un grupo de benedictinos procedentes del Monasterio de Silos se instalará en Cuelgamuros, por un tiempo indefinido que se mantendrá mientras los monjes cumplan los compromisos que figuran en el mismo.
Los benedictinos estarán obligados a que la congregación agrupe como mínimo a veinte monjes con sus respectivos novicios, a celebrar el 20 de noviembre de cada año una misa solemne de difuntos, por todos los caídos de nuestra cruzada, y a hacerse cargo de la dirección del Centro de Estudios Sociales, gestionar su biblioteca y desarrollar planes de estudios.
