Que la monarquía borbónica es un lastre para la democracia en España es una realidad. Sus interminables casos de corruptelas económicas, sus constantes líos de faldas, etc., así lo corroboran. Las actuaciones de los diferentes Ejecutivos de turno prolongan su oculta línea de régimen. Juan Carlos I sigue en Emiratos Árabes y el Gobierno sigue, al mismo tiempo, sin dar ningún tipo de información concreta sobre su estancia allí, ni tampoco sobre las conversaciones relacionadas con su decisión de abandonar el país.
Así se traduce de las distintas resoluciones denegatorias emitidas por el Portal de Transparencia desde agosto pasado, en las cuales se notifica que el Ejecutivo, alegando diferentes razones, no contempla dar respuesta a distintas interrogantes. Las incertidumbres generadas en torno a la huida del rey emérito, registrada en plena ola de escándalos sobre su fortuna, se acumulan desde el pasado 3 de agosto, día en el que Casa Real anunció la retirada del país del emérito.
En ese contexto, la vía del Portal de Transparencia –regulada por ley en España y dirigida precisamente a dar luz sobre las actuaciones públicas– suele cerrarse a cal y canto cuando las preguntas ciudadanas afectan a la monarquía en general y, en concreto, a la situación del rey Juan Carlos I. Según consta en la base de datos de Transparencia, entre el 5 de agosto y el 31 de diciembre de 2020 fueron rechazadas ocho solicitudes de información vinculadas a la decisión del emérito de abandonar el país.
Según las últimas resoluciones del Consejo de Transparencia contempladas, el organismo justifica las desestimaciones de las peticiones porque actualmente Juan Carlos I forma parte de la familia real y no de la Casa Real, que es la institución. Todos los expertos consultados sostienen que en este sentido la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene un error de base y es que deja en un limbo legal la transparencia de los miembros de la familia real.
