Amenazado de muerte por el Polisario, Pedro I. Altamirano lleva el asunto a la justícia, conocido por sus posiciones en defensa de la solución de paz definitiva en el Sahara, ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, realizadas por dos fanáticos del Polisario.
Indignado por la agresividad y el carácter delictivo de estos actos, Altamirano presentó una denuncia a través de su abogado ante el juez de instrucción del juzgado de Málaga, según consta en la denuncia.
«Los hechos son extremadamente graves porque constituyen amenazas muy serias contra mi cliente, Altamirano, que está amenazado de muerte», precisa el abogado en su denuncia, señalando que las posiciones y declaraciones del politólogo español sobre la cuestión del Sahara están detrás de la reacción de estos dos elementos del Polisario.
La defensa del politólogo español pide que se procese a estos individuos por amenazas de muerte y difamación.
«Frente a las victorias diplomáticas obtenidas por Marruecos y tras los últimos acontecimientos que refuerzan la posición del Reino con respecto a sus provincias del sur, el Polisario utiliza la violencia y las amenazas en un vano intento de intimidar a las voces que dicen la verdad sobre la situación del Sáhara», subrayó Altamirano en una declaración a la MAP, añadiendo que los autores de estas amenazas deben ser perseguidos por la justicia en España o fuera del país.
«Como defensor de la paz en el mundo, he expresado mi posición sobre la cuestión del Sáhara. He dicho y repetido que el Polisario está a la deriva y no representa a los saharauis», dijo, añadiendo que «estas declaraciones molestan al Polisario y a quienes lo apoyan, especialmente en España, y ponen al descubierto sus mentiras».
Estas amenazas reflejan la desesperación que embarga a los actuales responsables del Polisario y a sus dirigentes y los métodos violentos utilizados por estos elementos que se dedican a actos cobardes para desviar la atención del fracaso de la tesis del Polisario.
La última manifestación de esta propensión al crimen fue el incidente perpetrado en noviembre contra el Consulado de Marruecos en Valencia, un acto criticable que ha sido condenado tanto por el Gobierno español como por el ejecutivo regional de Valencia y por todas las fuerzas políticas de España.
