EL próximo martes se celebrará en el Congreso de los Diputados con la presencia del rey Felipe VI, y donde ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y la CUP han decidido no acudir al acto que organizará la cámara baja para conmemorar el 40 aniversario del fracaso del intento golpista del 23 de febrero de 1981. Diferentes son las voces que han salido al paso de esta efeméride de infausto recuerdo.
El historiador Roberto Muñoz Bolaños, que analiza en El 23-F y los otros golpes de Estado las operaciones involucionistas civiles y militares en España entre 1975 y 1986 y ha analizado las fuentes primarias, asegura que «queda demostrado a partir de esas fuentes que el general Armada fue autorizado por Juan Carlos I a las 23:30 horas para proponerse a título personal como presidente del Gobierno ante los diputados retenidos en el hemiciclo».
En una entrevista con Efe, Muñoz Bolaños, especialista en historia militar de la España del siglo XX, habla sobre la actuación del rey Juan Carlos durante el 23F, y asegura que «estaba en conocimiento de la operación que pretendía llevar al general Armada a la presidencia del Gobierno tras una moción de censura contra Adolfo Suárez».
Juan Carlos I, continúa el historiador, mantuvo una «actitud de impase ante los hechos» entre las 18:22 horas del 23 de febrero y las 1:00 horas del día 24, pero al mismo tiempo «evitó que los tenientes generales con mando en región militar pudieran movilizar sus tropas siguiendo el ejemplo de Milans del Bosch» en Valencia.
Por otro lado, considera que «no desautorizó a Milans del Bosch, que siguió en su mando, ni tampoco a los jefes y oficiales de la División Acorazada Brunete nº 1, que intentaron ocupar Madrid, y permitió a Armada trasladarse al Congreso para proponerse como presidente del Gobierno».
Sin embargo, agrega Muñoz Bolaños, «ninguna fuente demuestra la implicación de Juan Carlos I en el golpe de Estado, ni tampoco que conociera previamente que su hombre de confianza, el general Armada, era el líder del mismo».
Esta documentación ha sido complementada con testimonios orales de algunos protagonistas, así como con memorias e informes inéditos de algunos militares clave, y documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de EEUU. Según las fuentes analizadas, ni EEUU ni el Vaticano tuvieron una intervención directa ni indirecta en las operaciones militares de ese período, aunque, en relación al 23F, las fuentes hacen referencia a que «ambos Estados estaban en conocimiento de que el 23 de febrero de 1981 tendría lugar un golpe de Estado en España, algo que también sabía la jerarquía católica española, que mantuvo un completo mutismo mientras el Congreso estuvo ocupado por Tejero».
Un trabajo de autor con nuevas fuentes
El 23-F y los otros golpes de Estado (Espasa) incluye una descripción pormenorizada por horas de los hechos que tuvieron lugar entre las 18:22 horas del 23 de febrero de 1981 y las 12:00 horas del 24.
Sostiene Muñoz Bolaños que «las diferentes operaciones golpistas estrictamente militares –Operación Galaxia (1978), Intentona Torres Rojas (1979), Operación Cervantes (1982) y el intento de asesinato del rey y su familia, la Junta de Jefes de Estado Mayor y el Gobierno en A Coruña (1985)–, fueron desarticuladas antes de que pudieran desencadenarse, y, por tanto, su posible éxito era nulo».
En cambio, las acciones con un componente más civil, pero dotadas de un brazo militar, que culminaron en el golpe del 23F, «sí tuvieron posibilidades de triunfo entre 1977 y 1981; y su objetivo nunca fue el establecimiento de un gobierno militar, sino de una democracia limitada en la que se restringieran derechos humanos de segunda generación –socioeconómicos y culturales– y el desarrollo autonómico».
Las operaciones estrictamente militares fueron desarticuladas antes de que se pusieran en marcha, pero, por el contrario, en el caso del 23-F, su fracaso fue consecuencia de dos dinámicas vinculadas directamente con la actuación del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, en opinión de Muñoz Bolaños.
Primero, por la forma en que ocupó el Congreso, ya que tenía que hacer una acción incruenta, pero «los disparos en el hemiciclo y su enfrentamiento con el vicepresidente del Gobierno en funciones, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, le dieron una imagen violenta que inhabilitó momentáneamente el resto de la operación».
La segunda, «su negativa a permitir que el general de división Alfonso Armada entrase en el hemiciclo para parlamentar con los diputados con el objetivo de que le votasen como presidente del Gobierno al frente de un ejecutivo de concentración nacional».
A juicio del autor, esta negativa, «consecuencia del desconocimiento que Tejero tenía del proyecto político sobre el que se articulaba el golpe de Estado, imposibilitó definitivamente su triunfo».
Para el historiador, es «absolutamente descartable» una operación golpista en la España actual, en parte por la vinculación de los militares españoles a la OTAN, porque no se dan las condiciones objetivas –existencia de una crisis global–, y porque no existe ningún apoyo civil legitimador.
Resta importancia a los recientes pronunciamientos en redes sociales de militares retirados, por «carecer de mando sobre tropas, por tanto no pueden suponer ningún peligro para el principio de primacía del poder civil ni para el sistema democrático vigente».
Tampoco existe una base empírica que permita afirmar que la presencia de Vox en el Congreso de los Diputados pueda favorecer un golpe de Estado militar, añade el autor.
Para el libro, Muñoz ha podido consultar el sumario, la vista oral y las sentencias de la Causa 2/81, que demuestra que «el 23F fue una única operación, en la que las acciones de Tejero, Milans del Bosch y Armada estaban coordinadas dentro de un único plan de acción, que se había diseñado en los tres días anteriores al 23 de febrero».
