La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para determinar si existe un delito en la adjudicación de las licencias de ‘motosharing’ con un concurso del Ayuntamiento de Barcelona. La investigación se ha iniciado después de que una empresa que se presentó al concurso haya denunciado a los responsables de Movilidad del Ayuntamiento por presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias, ha avanzado ‘El Mundo’ y han podido confirmar fuentes fiscales a Europa Press.
A raíz de la denuncia, la Fiscalía investigará si existe un presunto delito en la actuación al momento de conceder las licencias de este servicio de motos eléctricas compartidas. Fuentes municipales han explicado que «el proceso de adjudicación de licencias de ‘motosharing’ se ha llevado a cabo conforme con la reglamentación aprobada y publicada en su momento».
Las mismas fuentes han añadido que en el Ayuntamiento de Barcelona no le consta ninguna comunicación oficial de la Fiscalía en relación con este tema, aunque ha indicado que, en caso de que se reciba, «se pondrá a disposición de los requerimientos que se hagan «.
Actualmente, hay 7.000 licencias de motos compartidas eléctricas en la ciudad y el consistorio prevé aumentarlas hasta 10.000 en los próximos meses, y cada una de las empresas concesionarias tiene el mismo número de licencias, que en ningún caso puede superar las 633.
