Nuevo movimiento con ‘ansias de venganza’ por el orgullo herido, en el nuevo intento del Tribunal Supremo (TS), que dura ya casi cuatro años, por extraditar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El juez instructor de la causa del Procés, el magistrado Pablo Llarena, ha preguntado a la Fiscalía y a las defensas si debe acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impedir que Bélgica rechace la extradición de Puigdemont tal y como hizo con la del ex conseller Lluís Puig.
La razón de la petición de Llarena está en la negativa de la Justicia belga de extraditar al exconseller de Cultura catalán, Lluís Puig. Los jueces belgas, asumiendo por primera vez una de la tesis de las defensas de los líderes del procés, concluyeron que el Supremo se atribuyó la competencia para juzgar el proceso soberanista sin una base jurídica «explícita».
Exactamente dictaminó que: «Sin un texto legal explícito al efecto, el Tribunal Supremo no se puede considerar como el órgano judicial establecido por la ley para juzgar el Procés», rezó la sentencia del pasado mes de enero por el que la Justicia belga confirmó la negativa a la extradición de Puig. La sentencia belga sobre Puig, dejó tocada la competencia del Supremo sobre el caso de los políticos, porque vió una acción judicial antidemocrática desde España contra los exiliados políticos del Procés.
Todo ocurre solo un día después de que el Parlamento Europeo comenzara los trámites para levantar la inmunidad de los eurodiputados independentistas y miembros del Govern en el exilio Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsetí, ya hay noticias desde la ‘justicia’ de España. El magistrado Pablo Llarena ha dado tres días a las partes del proceso para alegar lo que estimen a sus intenciones de ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de reformular las euroórdenes de detención y así poder proceder con la entrega de los líderes independentistas exiliados.
