Durante la segunda jornada del juicio, que comenzó ayer, sobre la actuación de los síndicos en el referendum del 1 de octubre en Cataluña, hoy han explicado al juez que acataron la decisión del Tribunal Constitucional cuando les fue notificada, renunciando a sus cargos.
Durante sus declaraciones, han explicado al juez que ninguno de los acuerdos que tomaron el día 7 de septiembre de 2017 fue llevado a cabo ni hicieron nada relacionado con ellos.
Acusaciones de desobediencia y usurpación de funciones
En el juicio que comenzó ayer, la investigación se ha abierto para dilucidar si los cuatro síndicos pudieron incurrir en delito de desobediencia y usurpación de funciones.
Ante las preguntas realizadas por la defensa, han negado haber tenido contacto con los demás síndicos territoriales. No les dieron, según su versión, ningún tipo de orden ni instrucción. Tampoco validaron el censo electoral, la distribución de las mesas, ni tuvieron nada que ver con el voto desde el exterior, no resolvieron ninguna consulta, tampoco acreditaron a observadores internacionales ni, después del voto escrutaron los resultados.
Jordi Matas, uno de los síndicos, ha relatado cómo se le planteó el ofrecimiento desde la candidatura unitaria de JxSi, de colaborar como experto en procesos electorales. Su asesoramiento no tendría ningún tipo de remuneración económica.
Ha explicado cómo en la reunión celebrada el día 7 de septiembre en una sala del Parlament, hablaron sobre los síndicos territoriales, la certificación de organizaciones interesadas en participar en el referéndum sin que estas deliberaciones se plasmaran por escrito en ningún lugar público, ni de manera oficial, algo que también ha confirmado de manera telemática Marc Marsal. Sería ese mismo día, por la noche, cuando llegase la notificación desde el Tribunal Constitucional en la que se suspendía la ley del referéndum y, con ella, la labor de la sindicatura electoral, tal y como ha confirmado Xavier Muro, secretario general del Parlament. Según ha explicado fue él quien lo comunicó verbalmente a los miembros de la Mesa y a todos los servicios generales de la cámara, con el fin de que ninguno fuera acreditado ni se les facilitasen espacios en el Parlament ni instrumentos de trabajo.
Matas ha explicado que la Sindicatura del 1 de octubre no tenía «nada que ver» con la sindicatura electoral que estaba prevista en la ley de transitoriedad jurídica: la primera sindicatura tenía validez para el referendum únicamente. La segunda, tenía carácter permanente y estaría integrada por jueces, no solamente teóricos.
Una versión que también ha sostenido Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional. Ha explicado que formó parte de la comisión de expertos de seguimiento del referendum, donde hizo observaciones sobre las votaciones realizadas durante el 1 de octubre, habiendo recibido el encargo de esta labor pocos días antes del referendum. Ha subrayado que no había ningún organismo que se encargase de regular el funcionamiento del referendum, puesto que el TC había suspendido el funcionamiento de la Sindicatura y fue inmediatamente acatado.
A partir de aquí, no se reunieron más, ni abordaron en ninguna ocasión la cuestión del referendum.
Algunos de ellos han explicado que recibieron la notificación posteriormente, el día 20 de septiembre, por la que se les advertía de que si colaboraban con el referendum tendrían que pagar 12.000 euros diarios de multa.
Una de las personas que había recibido esta notificación fue Eva Labarta, que no había llegado a participar en ninguna reunión por vivir en El Congo, por lo que respondió con un escrito de alegaciones a la carta del Tribunal Constitucional.
