La oposición política y las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han calificado de «teatro», «show» o «pantomima» el acto de destrucción de armas de ETA presidido por, Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha escenificado la primera destrucción pública y simbólica de casi 1.400 armas incautadas desde 1977 y 2005, a comandos terroristas, en su mayoría de ETA y un 10% por ciento del Grapo.
De Sánchez ya conocen su falta de rigor (la mesa de negociación que prometió Catalunya por el Procés es un ejemplo) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) no ha querido participar en lo que ha considerado un “acto propagandístico” cuyo único objeto es ocultar el «rotundo fracaso» del Estado de derecho con las víctimas del terrorismo.
Ordoñez, quien ha dudado de que las armas que han sido destruidas tuvieran valor judicial, ha subrayado que “jamás iríamos a un acto público en el que se destruyen pruebas que han podido servir para esclarecer los asesinatos de nuestros familiares”. El Jefe del Ejecutivo no ha tenido la presencia de los otros Presidentes de Gobierno anteriores.
También ha rechazado el acto la asociación Dignidad y Justicia, cuyo presidente, Daniel Portero, se ha negado a participar en una «maniobra publicitaria» del Ejecutivo de Sánchez para tratar de «tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo». Todos han criticado que coincida con el traspaso de las competencias de prisiones y la política de acercamiento de presos al País Vasco.
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