España, agrabada por la pandemia, está al borde de la quiebra tecnica como Estado. La deuda pública se situó al finalizar el último trimestre, en 2020, en 1.311.297,72 millones de euros, según datos y la estadística del Banco de España. Esa deuda no se puede asumir con una economía tan tocada por el Covid como la española, que centraba su base en el turismo, hostelería, servicios, etc., como primera industria del país y referente en la oferta de puestos de trabajo.
El número total de parados en España se ha situado en 4.008.789 personas en el mes de febrero de 2021, lo que supone un 1,12% respecto al mes anterior, es decir, 44.436 desempleados. Aparte los autónomos que se ha ido dando de baja, que están en terreno de nadie en referencia a su inscripción en las listas, no tienen derecho a cobrar nada tras sus bajas, y alcanzan ya otro millón más.
Tan mal está que el Gobierno que intentaba no hace mucho expropiar el dinero ahorrado por los ayuntamientos de España para seguir manteniendo el Estado a costa de los ahorros de todos los ayuntamientos de España. Pretendía la confiscación del superávit alcanzado durante el pasado ejercicio por las corporaciones locales que alcanzó los 5.000 millones de euros.
Pero ya se pueden dar noticias negativas de recesión que la Monarquía española siempre gana. El lastre que soporta el Estado con ella es mucho más que 8.431.150 euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado con los que contará la Casa Real para este 2021. Pero hay infinidad de gastos más de los que Trasparencia no suelta prenda, inexplicablemente.
Tanto es así, que la cifra es en realidad mucho mayor, puesto que un buen número de ministerios cuentan con partidas destinadas al “respaldo de la jefatura de Estado”, que es como se llama el dinero que destinan diversos departamentos gubernamentales a la Casa Real, ya que el gasto reflejado en los presupuestos se refiere solamente al “sostenimiento de su Familia y su casa”.
La ‘última’ de los Borbones
La última en gastos de los Borbones acabamos de conocerla. El Gobierno ha informado que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores, de 1.235.441 de euros, de la tripulación del yate Fortuna al que renunció en 2013 el rey emérito Juan Carlos I.
Así se recoge en una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha dado al senador de Compromís, Carles Mulet, que pedía explicaciones al Gobierno del coste por el «despido improcedente» de los diez trabajadores de este yate. Gasto por supuesto fuera, como muchos otros, del Presupuesto de la Casa del Rey asignado por el Estado.
Según explica el Gobierno, en el año 2013 el rey Juan Carlos I renunció al yate Fortuna, que fue desafectado a través de un real decreto. Como consecuencia, se puso fin al contrato de mantenimiento del yate que Patrimonio Nacional tenía suscrito con la empresa Unión Naval Valencia S.A.
De este modo, el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores se tramitó a través de un crédito extraordinario financiado mediante una transferencia del Ministerio de la Presidencia. Para asumir dicho gasto de más de 1,2 millones, se tramitó una transferencia de crédito desde el programa presupuestario de imprevistos, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2013.
Ya se comienza a hablar del “inicio del fin de la monarquía española”, la cual podría desaparecer después del reinado de Felipe VI, según mucho expertos. Además, un país tan machista como España, no vería con buenos ojos a una mujer [Leonor] como el máximo exponente de ciertas instituciones (Ejército, Justicia, etc.) La realidad es que la figura monárquica fue una imposición de la dictadura de Francisco Franco, que ahora es ya pura anacronía.
