Otra esperpéntica resolución la del juez de vigilancia penitenciaria al revocar ayer el tercer grado a los Presos Políticos del Procés. El tribunal dice ampararse en la anterior revocación del Supremo para concluir que no han completado el tiempo suficiente de condena, de manera que la semilibertad es «precipitada» y «prematura», y que no han asumido su delitos.
Por eso no ve en los condenados «un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber quebrado normas básicas de convivencia». Los presos debían volver ayer mismo martes a la cárcel donde seguirán cumpliendo sus penas.
Recuerda el juez que pese a que todos los presos han cumplido recientemente un cuarto de la pena, la Generalitat no ha justificado lo suficiente por qué concede de nuevo el tercer grado a unos presos que no han reconocido el delito. «No se atisba [en los presos] un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber quebrado normas básicas de convivencia», zanja el juez en su auto.
Aunque tengan un entorno familiar y laboral favorable al tercer grado, el juez no ve en los presos una «inicial conciencia de comisión delictiva», por lo que anula la semilibertad. A criterio del juez, antes de valorar una nueva concesión del tercer grado es necesario que los Presos Políticos del Procés «modifiquen los factores directamente relacionados» con el delito de sedición que cometieron.
El magistrado se sitúa así a favor del tratamiento penitenciario específico sobre la sedición que reclaman tanto la Fiscalía como el Supremo pero que tanto la magistrada a la que sustituye como el juez encargado de Forcadell y Bassa veían contrario a la libertad ideológica de los presos.
