Es el quinta condena al Estado español por violación del derecho a la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (ONU) ha condenado a España por violar el derecho a la vivienda adecuada. El organismo ha dictaminado que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno regional vulneraron este derecho fundamental al no ofrecer una alternativa habitacional digna.
Esta no ha sido proporcionada a la familia formada por Ahmed Tidli y Hakima El Goumari y sus cuatro hijos, tras haber sido desahuciados en 2018. Según destaca el dictamen de la ONU, tal como indica EuropaPress, la mujer perdió a su hijo, en el séptimo mes de embarazo, durante su odisea por «el estrés y la incertidumbre» por no tener una vivienda y por su paso por albergues insalubres.
El dictamen de las Naciones Unidas recoge que tampoco fue suficiente la ayuda económica que otorgó la Administración madrileña a la familia, 735 euros a pesar de tener a cargo a 4 hijos. «La ayuda económica temporal es un falso recurso, pues una familia que no cuente con una nómina de trabajo y en situación de vulnerabilidad no puede acceder al mercado de alquileres, sin importar la existencia de dicha ayuda», refleja el documento.
El relato plasmado en esta resolución, es la evidencia de esta familia abocada al desempleo. El 1 de enero de 2015, Ahmed y Hakima alquilaron una vivienda a una empresa inmobiliaria en Madrid por 480 euros al mes, pero al año siguiente el hombre se quedó en paro. La pareja solo contaba con 735,9 euros al mes de la Renta Mínima de Inserción y se vieron obligados a dejar de pagar el alquiler.
La Coordinadora de Vivienda de Madrid ha reclamado ante el Congreso de los Diputados que se le de una alternativa habitacional para Hakima El Goumari, Ahmed Tidli y sus cuatro hijos, tras dictar la el Consejo Económico y Social de la ONU que España vulneró su derecho a una vivienda digna tras ser desahuciados sin alternativa.
En este sentido, desde la PAH han pedido que en la Ley Estatal de Vivienda se incorpore un plan integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada a gente sin recursos, que se cumplan los dictámenes de la ONU, cinco en la región desde hace unos años, aumentar el presupuesto para vivienda social, regular los alquileres a precios adecuados a los ingresos y garantizar la función social de la propiedad privada.
