Hoy hace un mes que se celebraron las últimas elecciones autonómicas, cuya fecha fue ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
En aquella ocasión, el 87% del arco parlamentario catalán, todos menos el PSOE, habían acordado (atención al valor despreciado por la Justicia de que la política hubiera “acordado” algo y de tanto consenso) retrasar al 30 de mayo la fecha de las urnas, pero el TSJC decidió admitir a trámite la demanda de un particular en un asunto que mezclaba la política con la pandemia. No sé si el “particular” ganó algo, pero Sánchez y su “efecto Illa” consiguieron la fecha que querían.
Este fin de semana, y también con la misma mezcla explosiva de política y pandemia, será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que sentenciará sobre un conflicto más entre políticos que podemos resumir con la decisión de disolver de una persona, legal por supuesto, contra la decisión de censurarla por parte de una mayoría en ciernes, tan legal como la anterior. Argumentan los que censuran, y no les falta razón, que hay que evitar que el 4 de mayo millones de personas corran peligro cierto de contagio y de muerte.
Pero, cosas de la vida, el mismo PSOE que aquí dice que quiere evitar las elecciones convocadas por Díaz Ayuso es el que consiguió, con la ayuda de un “particular” y de unos jueces, todo legal, que las catalanas se celebraran en una coyuntura pandémica que, a todas luces, implicaba muchos más peligros que los previstos para el 4 de mayo, aunque nunca se sabe. Y solo ocurrió hace 30 días.
No dudo que los líderes del PSOE en Madrid, ante lo sucedido en Murcia y tomando una decisión políticamente muy correcta, presentaran la moción de censura para tomar la iniciativa.
Pero lo que no me creo es que Pedro Sánchez pretenda que Díaz Ayuso deje de ser presidenta. Isabel es el mejor ariete de cualquier “gobierno de España”, de cualquiera, para mantener vivo el “¡¡A por ellos!!” a la vista de que los de Puigdemont y Junqueras siguen avanzando, lentos, pero seguros. El 52% y más escaños son la prueba del miedo que alía a cualquiera contra ellos.
Sinceramente, no me parece que el presidente se esté empleando tan a fondo como contra los independentistas, cuando cesó a su ministro de Sanidad para que compitiera en Catalunya, y provocó contagios y muertos por la pandemia con tal de conseguir que su “efecto Illa” no se disolviera en el tiempo.
¿“Provocó contagios y muertos” Pedro Sánchez? Me guiaré por las cifras del Ministerio de Sanidad en las semanas anteriores y posteriores al 29 de enero, día en el que unos jueces decidieron crueldad, priorizando la letra de la ley contra el espíritu que se le supone a cualquier legislador: la vida, lo primero.
Fuente: Ministerio de Sanidad. Informes Covid 283 a 327.
Las ordenadas representan el número de supervivientes por cada fallecido. Los valores “1”, “2”, “3”, hasta 10, de las abscisas corresponden a cada una de las semanas transcurridas desde la primera de enero hasta la primera de marzo.
Los diez resultados de cada curva corresponden al número de habitantes por cada fallecido Covid (según las cifras del Ministerio), en relación con las poblaciones respectivas de Catalunya (7.675.217) y España menos Catalunya (39.350.991), para mantener la coherencia de los datos de mortalidad pandémica que se exponen.
En Catalunya, el valor correspondiente al “1” de las abscisas era de 91.372, resultado de dividir sus habitantes por los muertos durante los siete días anteriores. Esa misma operación para el resto de España certifica un resultado de 45.127, lo que quiere decir que la mortalidad pandémica en Catalunya era algo menos de la mitad que en toda España, exceptuando Catalunya.
Esa relación entre ambos valores se mantuvo siempre favorable a Catalunya hasta el 22 de febrero, con una diferencia máxima, superior al triple, para la semana anterior a la que comenzó el lunes 1 de febrero.
En cambio, la tendencia entre ambos datos se invierte radicalmente a partir de mediados de febrero y por primera y única vez desde la pandemia, aunque aquí, por cuestión de espacio, solo he incluido las 10 últimas semanas.
La última semana de febrero la mortalidad pandémica en Catalunya se acerca al doble que en el resto de España y, atención, la primera semana de marzo supera con holgura el triple. Por el bien de los supervivientes catalanes, cada vez menos, espero que la cosa vuelva a la normalidad. Si cuando usted está leyendo esto son más de las 18:30 horas del 15 de marzo, puede realizar el mismo cálculo que yo y añadir un punto más al gráfico. Siga los criterios de cálculo descritos en los párrafos que siguen al cuadro con las curvas.
Pero volvamos a la política y a la justicia, tan enmarañadas en España que parecen la misma.
¿Acaso esperaban los jueces y Pedro Sánchez que ni siquiera acudirían a votar los 2.874.210 catalanes que lo hicieron el 14F y que, inevitablemente, al multiplicar los contactos de riesgo respecto de cualquier día normal provocaron que muchos más de los habituales se contagiaran (1) y unos cuantos, que quizás no habrían muerto, murieran?
Según se deduce del cuadro, si la proporción de fallecidos Covid se hubiera mantenido en la de la primera semana de enero, podrían haber sobrevivido no menos de 500 catalanes de los que fallecieron en las últimas dos semanas, por encima de la media que se ha mantenido durante toda la pandemia.
También merece la pena destacar la paradoja de unos jueces que justificaron su decisión de adelantar las elecciones catalanas con opiniones tan poco jurídicas como la importancia para la democracia de que las elecciones se celebraran tres meses antes de lo acordado por la gran mayoría del Parlament, pero, en cambio, no consideraron la inevitable degradación de la democracia que iba a significar lo que todo el mundo, y esos jueces también, sabían que sería inevitable: justamente asustados por el virus, cientos de miles de electores no acudirían a votar.
Y con gran eficacia consiguieron, Pedro Sánchez y los magistrados, dañar está “democracia plena” que disfrutamos: acudieron a las urnas 1.518.281 votantes menos que en 2017, con un incremento de la abstención de más de 25 puntos.
Sigo con los jueces de España, desde otra perspectiva. Resulta que están archivando con resoluciones copia-pega decenas de querellas diferentes presentadas por personas físicas y jurídicas distintas, instadas contra normas aprobadas por gobiernos varios sobre la pandemia, pero deciden admitir a trámite y sentenciar en tiempo récord asuntos que deberían rechazar de plano para que los políticos, mediante acuerdos o mayorías, se vean obligados a aprender democracia, y también un poco de salud pública, mediante el duro esfuerzo de negociar.
Tal parece que aún les cuesta más a los jueces renunciar al placer oculto de hacer política desde posiciones tan blindadas como las suyas.
Comienzo a cerrar estas reflexiones recordando que vivo en un país que legisla mucho, en tanto que ha escrito muchas leyes y muy largas, y que tal costumbre se me antoja una voluntad clara de los de arriba para dotarse de normas que digan a los de abajo lo que pueden y no pueden hacer, lo que no estaría mal si no significara también que, a la hora de perseguir a algunos de los que son denunciados por otros con intenciones políticas, deja a los jueces con muy poco margen para guiarse más por el espíritu de la ley, que es lo mismo que pensar en democracia con mayúsculas, que no por la letra, que es donde tantas veces se ocultan las trampas tantas veces mencionadas por la sabiduría popular, y aprovechada a conciencia por el Conde de Romanones y su pléyade de activos seguidores.
Pero, mira por donde, de tanto escribir leyes a veces se cuelan cosas que sirven, de tantas vueltas como da la vida.
Recuerdo en este punto una movida de la primera ola y que terminamos pidiendo la dimisión del Defensor del Pueblo. Fernando Villalobos, uno de los participantes más activos y conocedores de la legislación nos recordó al resto que el artículo 316 del Código Penal habla del “delito de peligro” y obliga a la tutela y protección de las víctimas potenciales, incluso aunque no se produzca el daño.
Aunque tal artículo se refiera a los “riesgos laborales”, es evidente que si los jueces se dejaran guiar por su espíritu a favor de la vida bien podrían tenerlo en cuenta para salvar a la ciudadanía de los riesgos derivados de una decisión política tan irresponsable que es capaz de disolver parlamentos en situaciones de pandemia para que los ciudadanos se vean obligados a acudir a las urnas.
Los jueces del TSJB deberían ser imputados por no tener en cuenta el artículo 316 del Código Penal tras obligar a millones de personas a acudir a las urnas el 14 de febrero. Me temo que, aunque hubieran muerto la mitad de los catalanes entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, no será Sánchez quien se querelle contra esos jueces, ni siguiera a través de algún “particular” que pasara por allí.
Fue tan cruel y criminal la decisión del TSJC que tampoco los vencedores de aquellas elecciones, y también adversarios de Pedro Sánchez hasta que sean políticamente masacrados, pueden denunciar a esos jueces, pues con su decisión de obligado cumplimiento les hicieron asumir la responsabilidad envenenada de arbitrar las medidas de seguridad para que no hubiera contagios con casi tres millones de personas en la calle, objetivo a todas luces imposible.
Si los jueces del TSJM condenan a Madrid a elecciones el 4 de mayo, quizás ya lo han hecho, deberían ser demandados, aunque se tenga que hacer referencia a la interpretación más expansiva del espíritu del 316. Obligar a moverse a millones de personas cuando también hay letra en las normas escritas que permita decir sí a las mociones de censura alternativas, es equivalente a decidir peligro de muerte. Y si no encuentran los argumentos, lean esta misma semana a Pérez Royo y a Martín Pallín.
Si desde la fiscalía de Pedro Sánchez no se actúa contra los jueces del TSJM en caso que ordenen votar el 4 de mayo, demostrará que lo suyo, más cada día, es jugar a aprendiz de brujo.
Desde la perspectiva de cualquier gobierno de España en 2021 y contra el 52% en Catalunya, Díaz Ayuso es una aliada de primera categoría de la que no conviene prescindir.
Ella, intuitiva y atrevida, ha sabido convocar.
Estratégicamente, el 4 de mayo es un martes que sigue al baño de telediarios que recibirá durante una fiesta de la Comunidad de Madrid durante la que batirá récord de autobombo a costa de los impuestos de todos.
Mientras, el PSOE no se da cuenta de que un influyente Iñaki, con el mismo apellido que su candidato, ya no habla cada mañana a través de la emisora más escuchada, y se consuelan recordando que fue Ángel Gabilondo quien ganó en 2019, como si tuviera algo que ver la situación de un PP que venía del fiasco de Cifuentes al de ahora, con Ayuso convertida en la única defensora del paraíso fiscal que es Madrid para los millonarios, esa futuro deseado que millones de electores a duras penas ocultan en sus conversaciones de barra y se proclaman a sí mismos durante sus mejores sueños.
Malos tiempos para los valores bellos, y no viene la justicia, de nuevo decisiva, con un currículum que vaya más allá de la letra pequeña.
Cierro por ahora, y sigo a la espera de unos jueces que deberían callarse para devolver la palabra a la Asamblea de la Comunidad de Madrid porque, si sentencian y se equivocan, la duda más importante que quedará para siempre será el número de vidas que terminarán rompiendo.
