El día 25 de febrero de 2021 saltó el escándalo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España a pagar una multa de 15.000.000 de euros y 89.000 Euros por cada día que no se transponga la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, y que tendría que haber estado traspuesta antes del 6 de mayo de 2018.
Esta directiva es, en síntesis la que regula como han de tratarse los datos personales judiciales y policiales la Administración Española, porque la competencia, digo soberanía sobre ellos es ya europea.
La sanción de la sentencia en el asunto C‑658/19, es extraordinariamente grave e inusual por parte del Alto Tribunal. ¿nos tienen manía? No, que va¡ El estado español es multireincidente en pasarse por el forro el tema de los incumplimientos.
No ha salido en ningún medio capitalino, pero es que al Tribunal se le han hinchado las partes blandas con España, porque no es la primera sentencia de incumplimiento, ¿lo entienden, no? En la propia sentencia, el tribunal cita, las últimas y más recientes sentencias
sentencia de 13 de julio de 2017, Comisión/España, C‑388/16
sentencia de 4 de octubre de 2018, Comisión/España, C‑599/17
sentencia de 5 de diciembre de 2019, Comisión/España C‑642/18,
Lo único que hizo España es retrasar al Tribunal, por motivos formales, para que no se publicaran las sentencias, por un tema de imagen, de mala imagen.
