¿Escandalo por prevaricación y malversación de fondos? La polémica inyección pública de España a la aerolínea, de capital mayoritariamente venezolano, se ha colado en el despacho de la Comisaría de Competencia Europea, Margrethe Vestager, en Bruselas. Y lo ha hecho a través de una implacable carta remitida por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano.
En la sede belga del Parlamento Europeo, espera respuesta oficial la pregunta formulada por otro eurodiputado español, Esteban González Pons. Garicano denuncia en su misiva que la ayuda del Gobierno a Plus Ultra incumple lo pactado con la Unión Europea en términos de competencia.
El eurodiputado del PP, por su parte, pone el foco en el accionariado de la empresa, española en teoría pero venezolana en la práctica, a la luz del último desglose que refleja el Registro Mercantil. Ambos frentes buscan una reacción de las instituciones europeas ante un escándalo que va ganando dimensiones a escala nacional.
Las ayudas de Estado que está repartiendo la SEPI serían ilegales de no estar arropadas legalmente por el ‘Temporary Framework’. Se trata de un ambicioso mecanismo impulsado por la Comisión Europea con el fin de dar “la máxima flexibilidad a los estados para apoyar a la economía durante la crisis del coronavirus” asegura un eurodiputado español.
