Una vez más los asuntos de la Casa Real vuelven a quedar vergonzosamente fuera del ejercicio de transparencia que la ley española dice que garantiza y obliga sobre cualquier ciudadano. El Gobierno ha puesto un nuevo freno, y ya son demasiadas veces, las solicitudes de información pública dirigidas, en esta ocasión, a arrojar luz sobre los bienes del rey emérito y del resto de integrantes de la Familia Real.
La miembros de esa casa de los Borbones gozan de una protección y un secretismo superior al existente en otras instituciones del Estado. La Familia Real no está obligada a dar cuenta de su patrimonio, como sí ocurre en el caso de miembros del Gobierno y del Congreso. Algo anacrónico, de funcionamiento preconstitucional de hace 40 años.
Según indica Público, Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) es contundente, «Nos hemos pronunciado reiteradamente sobre la necesidad de que, a efectos de transparencia, se hicieran públicos los bienes de todos los miembros de la Familia Real«, . En esa línea, apunta que «a través del portal de Transparencia no se puede obtener» dicha información. Un expediente fechado hace algunas semanas le da la razón.
El encabezado de una resolución dictada a finales de enero por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reza «Sentido de la resolución: desestimatoria» que irónicamente es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley aprobada en 2013 para otorgar precisamente mayores niveles de claridad a las instituciones del Estado. En el caso de la monarquía, en cambio, suelen encontrarse serias dificultades para acceder a información mediante esa vía. La Monarquía sigue siendo ‘tabú’.
