El tribunal de primera instancia de Bruselas acaba de ordenar al Estado belga que retire las medidas excepcionales tomadas con motivo de la pandemia de COVID-19 en un plazo de 30 días.
El Estado deberá pagar una multa de 5.000 euros diarios si incumple la sentencia.
Demanda interpuesta por la Liga belga de los Derechos Humanos
La Liga de los Derechos Humanos de Bélgica interpuso una demanda en nombre de la ciudadanía belga ante la justicia de Bruselas. En ella se solicitaba poner fin a las limitaciones que desde el Estado se habían establecido para tratar de contener las infecciones por COVID-19.
El tribunal ha publicado hoy su sentencia por la que establece al Estado un plazo máximo de 30 días para poner fin a las medidas excepcionales, según ha publicado Le Soir.
La sentencia, que es recurrible, establece una sanción pecuniaria para el Estado belga de 5.000 euros por cada día que incumpla esta orden judicial. La sanción no podrá superar los 200.000 euros.
Según la sentencia, ninguna de las tres leyes invocadas por el Estado belga para restringir las libertades de su ciudadanía podría servir de base para tomar las medidas adoptadas en su decreto ministerial donde se restringen derechos fundamentales. «El decreto ministerial vulnera el principio de subsidiariedad del derecho penal, así como la obligación de consultar con el Consejo de Estado, y también pasa por encima del principio de seguridad jurídica» han señalado los abogados que han presentado la denuncia.
La Liga de Derechos Humanos ha explicado que el Estado belga «se había abstenido de legislar cuando supo que el decreto ministerial era ilegal» y que «en cambio, avaló procesos y sanciones ilegales vinculados a la aplicación de este drecreto».
Tal y como explica Le Soir, el Ministerio de Interior se basó en la ley de 15 de mayo de 2007 sobre sociedad civil, que hace referencia a medidas de evacuación y que fue adoptada a raíz del desastre de Ghislenghien. El juzgado de primera instancia de Bruselas ha señalado en el auto publicado esta mañana que esta ley «define de manera restrictiva y previsible los poderes así conferidos al Ejecutivo» y que la situación relacionada con la pandemia de COVID-19 no está amparada por esta ley.
«El cierre de diversos establecimientos (culturales, festivos, deportivos, hostelería, o profesiones diversas), así como la suspensión de la educación obligatoria, la limitación de encuentros entre ciudadanos, habrían sido vulneradas en base a una decreto que no es lo suficientemente legal.
La resolución judicial todavía no es firme, por lo que lo más seguro es que el Estado belga recurra a otra instancia judicial.
