Escribo “critarquía” en la RAE y la respuesta es “Aviso: la palabra critarquía no está en el Diccionario”.
En cambio, escribo “critarquía” en Google y aparecen 1.790 resultados, el primero de Wikipedia, donde se dice que “la critarquía es el gobierno de los jueces del antiguo Israel durante el periodo de tiempo descrito en el Libro de los Jueces”.
No es que en esta ocasión la RAE haya sido lenta en la incorporación de nuevas palabras, cosa que se le critica. En cambio, parece que no le cuesta mucho despreciar términos clásicos. Otro día buscaré si la Academia ofrece algo para el concepto “gobierno de los jueces”, unos funcionarios que, cuando se dedican a mandar, lo hacen con tanto acierto que algunas de sus sentencias van a pasar a los libros de historia como decisivas en la descomposición territorial de un Reino cuya unidad defendían a cualquier precio.
Pero vayamos por orden.
Diego Pérez de los Cobos. La sentencia provisional a su favor, que puede tardar hasta 4 años en alcanzar firmeza, o no, no habría sido posible en esas democracias en las que Sánchez y Casado pretenden que pensemos cuando presumen de la del Reino de España.
Entre los muchos “méritos” de un cesado que, tras ganar este contencioso, está recibiendo apoyos incondicionales de PP, Ciudadanos y Vox, entre otros, conviene recordar que cuando vio a Tejero entrando en el Congreso al grito de “todos al suelo” se vistió de falangista y se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla para ponerse a las órdenes de los golpistas.
En cualquiera de esas democracias, “comparables a la nuestra” que dicen los presumidos, cualquier “Pérez de los Cobos” habría sido inhabilitado para toda función pública y toda la vida, especialmente si implica la utilización de armas.
El hecho de que Pérez de los Cobos, que también apareció en unas torturas marca “GAL” con condenas solo para sus inferiores, haya sido alguien importante durante tantos años certifica la verdad política del Reino de España.
Fernando Grande-Marlaska. Destituyó a Pérez de los Cobos de un cargo de libre designación por no informarle de la investigación que estaba realizando, por orden judicial, sobre la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 en Madrid, la misma por la que Casado ha estado acusando a Sánchez de ser el responsable de miles de muertos. Y eso que los de Casado participaron, seguramente confiando también en el mismo Fernando Simón que unas semanas antes había declarado que “en España apenas habrá algún caso”.
De repente pasa un año y Marlaska decide prohibir la misma manifestación de Madrid, a pesar de que la vacunación había comenzado, la tercera ola retrocedía y la cuarta aún no se anunciaba. Además, autorizó las feministas de otras capitales y también otras convocadas por ultraderechistas.
¿Estaba pensando Marlaska en alguna Espada de Damocles en forma de una sentencia que sería dictada de un momento a otro?
Se da la paradoja de que es el ministro de un Gobierno que pocas semanas antes había prescindido de su ministro de Sanidad para enviarlo a que animara una movilización social mucho más peligrosa para la salud pública que cualquier manifestación, pues el número total de personas que salieron a la calle fue de 2.874.610, es decir, muchas más de las que participarían en cualquier movida feminista.
Me refiero a las elecciones del 14F en Catalunya, que se celebraron en contra de la voluntad de sus convocantes y de todos los parlamentarios, menos los “socialistas” del gobierno de Sánchez y Marlaska, que tuvieron que recurrir a la “critarquía” para asegurar en las urnas el “efecto Illa”.
“Critarquía”. Aclarado lo que significa, veremos los peligros que implica.
Nada mejor para recordar viejos miedos que leer titulares como los de “El Mundo”. Allí descubro algunos de esos “otros”, esta vez armados que, además de los del PP, Ciudadanos y Vox, están aplaudiendo la sentencia contra Marlaska.
“La Guardia Civil celebra la sentencia de Pérez de los Cobos: ‘Nos blinda de las injerencias en las investigaciones políticas’” es el título de la noticia y la primera pregunta, inevitable, es la siguiente:
¿A quién encarga un juez una investigación sobre un posible delito, a una institución o a un mando elegido por él mismo, con nombres y apellidos?
Si la respuesta es “a una institución” se sobreentiende que el juez se debe limitar a exigir resultados y evaluarlos, al margen de las personas que en cada momento ocupen los puestos de responsabilidad a cualquier nivel. Siguen dos preguntas que vuelven a ser inevitables:
¿Recibió el juez los resultados de la investigación requerida, con o sin Pérez de los Cobos? ¿Le sirvieron para resolver la demanda?
En cambio, si la respuesta a la primera pregunta fuera “un mando elegido por el juez, con nombres y apellidos”, ningún ministro querría nombrar a alguien que después no puede destituir libremente sin arriesgarse a una condena. Me temo que terminaría cayendo todo el entramado que sostiene al poder ejecutivo.
En ese caso, abro paréntesis, sería preferible que en lugar del poder judicial quien mandara fuera el poder parlamentario. Al menos, lo elegimos entre todos.
A la vista de que el juez del contencioso ha condenado las intenciones de un ministro, las que se ocultarían, presuntamente, tras una destitución, habría que preguntarse por qué no se instó una demanda contra el propio Pérez de los Cobos, alguien que se ha ganado a pulso la condición de “sospechoso habitual” para hacer daño a cualquier gobierno “social-comunista”, quien sabe si incluso alterando las pruebas a su alcance.
¿Puede la respuesta pertenecer al mismo mundo en el que vive la negativa del juez de la “kitchen” a investigar el teléfono móvil de otro sospechoso tan presunto como el ex ministro Fernández Díaz?
Me temo que la “critarquía” española siempre rema en el mismo sentido y Marlaska no se entera, pues actuó como un pardillo con el cese de Pérez de los Cobos.
En cualquier empresa, los despidos no pactados se preparan mucho mejor.
Busco un momento cumbre de nuestra “critarquía” y abro el boletín “Noticias Jurídicas” del día 3 de noviembre de 2016 para leer el siguiente titular: “El TC avala la constitucionalidad de la reforma de su ley reguladora para permitirle la ejecución de sentencias”. Sonrío.
Imagínese usted que es el titular de algo, le conceden más poder y es usted mismo quien tiene que decidir si tal regalo le parece legal. Sonrisa es poco. El teatro que se construye el Reino de España para blindarse contra el ejercicio de la democracia sin apellidos es de risa desencajada.
Unas líneas más abajo del mismo artículo leo también que “El TC es un verdadero órgano jurisdiccional”. Entonces abro la Constitución y confirmo que su “Título VI” se denomina “Del Poder Judicial”, pero que después hay otro Título, el IX, que se denomina “Del Tribunal Constitucional”.
¿Dos títulos enteros y distintos de una misma Constitución para el tercer poder del Estado?
Confirmado: o desmontamos la “critarquía” española o la critarquía española terminará judicializando hasta el aire que respiramos mientras lo estamos respirando.
Regreso al principio para terminar. La RAE ya me decepcionó cuando descubrí que, solo faltaría, sí que incluye el término “inviolable”, pero no su contrapartida imprescindible, es decir, “violable”.
Es cosa que sorprende, pues “inviolable” consiste en una suerte de protección legal para cometer cualquier crimen sin que la Justicia te moleste, un privilegio que solo disfruta una persona en todo el Reino de España. En cambio, “violable” es toda persona que no disfruta de ese privilegio, es decir, cualquiera de los 47.351.566 españoles restantes.
El otro español se llama Felipe VI, suponiendo que el INE, demográficamente hablando al menos, considere al único inviolable un español más.
De “violable”, como de “critarquía”, Google también ofrece información: 296.000 resultados.
Creo que los “jueces” que gobiernan la RAE deberían conformarse con llamarle “diccionario” al “Diccionario” del que tanto presumen. Sus decisiones están demasiado teñidas de prejuicios y, por tanto, no parece que sirvan para enriquecer como se merece el idioma al que dedican su actividad.
Última hora: Pasa a la reserva Pedro Garrido Roca, jefe de la Guardia Civil en Catalunya desde verano de 2018. Tras la detención de nueve miembros de los CDR en 2019 y, sin duda emulando al preso político Jordi Cuixart, declaró que “lo demostramos hace dos años (refiriéndose a la violencia policial empleada contra los votantes del referéndum del 1 de octubre en Catalunya), lo hemos hecho de nuevo recientemente (en este caso celebrando las detenciones de los nueve miembros de los CDR), y cada vez que sea necesario lo volveremos a hacer”.
Puede que ese relevo sea una buena noticia, o no.
