Se han publicado tres importantes sentencias internacionales que a todos nos afectan, y que la Administración y los poderes fácticos pretenden esconder. La sentencia de 30 de junio de 2020 del Tribunal de Estrasburgo, y hablamos de ella porque nuestra administración, especialmente la tributaria, ha hecho todo lo posible para esconderla debajo de la alfombra. Es, el Asunto Saquetti Iglesias c. España de 30 de junio de 2020 que declara que el Reino de España vulneró el Convenio de Derechos Humanos por no haber ofrecido una doble instancia jurisdiccional para enjuiciar una sanción administrativa impuesta por hacienda a una sanción grave. Es decir en el procedimiento administrativo sancionatorio, las multas, vamos, han de tener apelación judicial si la primera sentencia no es conforme a los intereses del recurrente. La segunda resolución es otra que están intentando que pase desapercibida.
Es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado que las directivas de protección a los consumidores no se oponen a la normativa nacional de la usura, la conocida como Ley Azcárate de 1908, en España. Al Santander le ha salido el tiro por la culata.
Y finalmente, Sentencia en el asunto C-64/20 que dice que un Juez, cualquier juez, no puede hacer caso omiso de la obligación que incumbe a un Estado miembro de transponer una Directiva debido al supuesto carácter desproporcionado de la transposición, es decir por el enorme cambio jurídico que supondría la transposición y ha de reflejar en incumplimiento en su sentencia.
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