El Gobierno de España está al borde de la quiebra económica desde hace años. Pero con la pandemia está peor, gasta mucho más que ingresa. Un Ejecutivo socialista administrando ERTEs por doquier, paro, desahucios, etc., y encima las ayudas del Fondo Europeo por el Covid se las reparte el Ibex 35. Lo único que se plantea es subir los impuestos.
El Ejecutivo envió durante la semana pasada un informe a la Comisión Europea donde se explicaban las subidas de impuestos que entrarán en vigor en 2023 para sentar las bases de una nueva política fiscal que permita a España “acercar los niveles de tributación a la media del entorno europeo”.
Esta reforma fiscal, explicada de forma somera en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hará mayor énfasis en los impuestos que gravan la riqueza y en los relacionados con los transportes privados, como el de matriculación o el de circulación. La actualización de la situación fiscal es una condición necesaria para que España pueda tener derecho a cerca de 80.000 millones de euros en fondos europeos.
Aumento de la base de cotización mensual máxima
A día de hoy, la base máxima se sitúa en los 4.070.10 euros brutos al mes. Los ciudadanos que reciben un salario mayor no tienen que tributar por la diferencia respecto a esta cantidad. El Gobierno propone incrementar de forma progresiva esta cantidad, lo que supondrá una presión mayor para las personas con un sueldo inferior.
Esta modificación se pretende efectuar de forma gradual en los próximos 30 años y conllevará también cambios en las pensiones máximas.
Impuestos sobre la riqueza
Los impuestos a los que se refiere son el de patrimonio, sucesiones y donaciones. Estos gravámenes son competencia de cada comunidad autónoma, es decir, las regiones aplican las bonificaciones que consideran oportunos.
Esto significa que en una autonomía se puede pagar más (o menos) que en otra manejando cifras similares. Por ello, la reforma fiscal en este sentido irá dirigida hacia la “implementación de una política redistributiva coherente a nivel nacional”.
Impuestos de transporte
El Gobierno retocará también los impuestos de matriculación y circulación para intentar “adaptarlas a estándares medioambientales”. La incentivación vendrá determinada por suprimir los beneficios fiscales en estos impuestos.
Además, también está previsto, aunque no se cita literalmente, que se reduzca o se elimine la bonificación al diésel. Esta medida, que se estima que cueste a cada conductor medio unos 3,45 euros mensuales, implicará que su precio se asemeje al de la gasolina.
La última normativa en materia de transportes, y posiblemente la más polémica, contempla la creación de peajes en todas las autovías españolas, a razón de un céntimo por kilómetro. Según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la cantidad destinada a la conservación de las carreteras en los Presupuestos Generales del Estado no es suficiente para abordar las mejoras en la calzada.
Sin embargo, desde el Gobierno matizan que esta normativa no es definitiva y que están en contacto con los agentes implicados para buscar un consenso.
“Una errata”
Un anexo del documento plantea el fin de la tributación conjunta en el IRPF, una medida que beneficia a dos millones de familias y que reporta al Estado cerca de 1.000 millones de euros. Tras la crítica ostensible de varios políticos, como Cuca Gamarra (PP), Íñigo Errejón (Más País) o Inés Arrimadas (Ciudadanos), la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, indicó que se trataba de “una errata”.
“Lo que se prevé es la creación de un grupo de expertos que evaluará la eficacia de las bonificaciones fiscales existentes”, ha puntualizado.
