La delirante causa judicial sobre la presencia de espías rusos en Catalunya en fechas previas al referéndum del 1 de octubre de 2017 ha sido archivada por la Audiencia Nacional española al no encontrar indicios mínimos de delito. Según publica hoy ‘eldiario.es’ el sumario, instruido y cerrado en secreto, revela que el paso por Barcelona de un general de la Inteligencia militar rusa era sólo una pata de una investigación más amplia impulsada por la Policía Nacional española y que pretendía indagar en presuntos vínculos de Moscú con una serie de destacados activistas del procès soberanista.
El sumario 86/19 fue abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 y archivado en julio de 2020, hace nueve meses, sin que haya trascendido hasta ahora. Su origen es un informe de la Comisaría General de Información de la Policía, fechado el 28 de octubre de 2019, alertando de la supuesta injerencia rusa en el 1-O y solicitando la apertura de diligencias. Nueve meses después, en julio de 2020, el Juzgado dictó un auto de archivo de las actuaciones de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En un duro escrito de su teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, reprocha a los agentes que en este tiempo solo hayan aportado el testimonio de un informante y «links» a informaciones de medios de comunicación. Carballo se opone en el escrito a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional y solicita el archivo de la causa. El 21 noviembre de 2019, El País reveló la apertura de una investigación secreta en la Audiencia Nacional por la presencia en Catalunya el 29 de septiembre de 2017 de de Serguei Fedotov, al parecer el nombre en clave de Denís Serguéiev, general del servicio exterior de la inteligencia militar rusa. Nada trascendió entonces sobre que las pesquisas apuntaban a ciudadanos de nacionalidad española que actuarían en convivencia con los rusos.
La clave en la apertura de la investigación radica en el testimonio del confidente policial que parece trasladar, primero a los agentes, y luego al juzgado, la información y la supuesta conexión de todo esto con el independentismo catalán. El confidente ofrece una serie de nombres de conocidos activistas del proceso, entre los que destaca Oriol Soler, que está imputado desde finales de 2019 en una causa del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en la que trabaja la Guardia Civil. Al empresario, próximo a ERC, se le atribuyen diferentes delitos de corrupción y tráfico de influencias supuestamente vinculados a la financiación del proceso soberanista y, concretamente, de Tsunami Democrático. Pero los hechos a que se refiere el confidente de la Policía son otros.
Se remontan a momentos previos y también posteriores al referéndum de 2017 y son, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, actuaciones sin apariencia de ilegalidad que además han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación. En la búsqueda de la Audiencia Nacional, la Comisaría General de Información de la Policía presentó el pasado verano el informe que critica la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En él, los agentes solicitaban autorización judicial para acceder al tráfico de llamadas de varios individuos, así como el archivo de titularidades financieras de cuatro personas físicas y jurídicas. El Ministerio Público se opuso y pidió el archivo, acordado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía.
