Las Fuerzas Armadas articulan mecanismos para detectar la posible aparición de conductas entre sus efectivos que no se adecúen a los valores que rigen los cuerpos militares. Aunque a priori se trata de un ejercicio de prevención, en los últimos años, la irrupción de la radicalización yihadista en la sociedad española se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad nacional.
Hay antecedentes que obligan a tomar este tipo de decisiones, como la de un individuo al que se detuvo en 2015 en Melilla acusado de mantener vínculos con el Estado Islámico, según indica Voxpopuli, y que había formado parte del Regimiento de Ingenieros N.º 8 del Ejército de Tierra con base en esta ciudad autónoma.
Así, «se ha tomado la determinación de detectar cualquier atisbo de extremismo en este ámbito entre los militares que integran los ejércitos españoles». Lo dice el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) -integrado en la Moncloa con funciones de asesoramiento al presidente del Gobierno- que lo recoge en su Informe Anual de Seguridad Anual 2020 los esfuerzos que se llevan a cabo en este sentido entre los militares españoles.
Pero lo curioso es que nadie dentro de la DSN ha emitido ningún informe sobre el fascismo de la promoción de militares retirados que pedían fusilar a 26 millones de españoles, a todos los que no piensan como ellos, pensamiento heredado de la Transición que promovía mirar para otro lado cuando los sables y las lenguas franquistas se removían en los cuarteles. Los fascistas en el Ejército se han mostrado de manera descarnada y ningún informe dice que nivel de podredumbre hay las FFAA.
