España va en contra de la política económica de la Unión Europea. Mientras que aquí la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de lucha contra el fraude fiscal con 21 favorables, 14 en contra y una abstención, y una de las enmiendas introducidas en el debate en la comisión ha sido la de rebajar el límite del pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 y que esta norma afecte a particulares en sus pagos a empresas o profesionales.
Sin embargo la norma ha levantado críticas ya que, según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, va en contra de lo que la UE pretende implantar, pues Bruselas tiene previsto presentar una iniciativa legislativa para que el límite de los pagos en metálico sea de 10.000 euros. La última norma, aprobada por el gobierno de Rajoy, estableció el límite en 2.500 y solo en operaciones entre empresarios.
La Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuinness, indica que este límite de 10.000 euros es “suficientemente alto como para no poner en cuestión el euro como moneda de curso legal ni afectar a la inclusión financiera», así como «suficientemente bajo como para hacer más difícil que los criminales blanqueen largas sumas de efectivo».
La ley, que continuará ahora su trámite en el Senado, es una medida que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre en su objetivo de prevenir y luchar contra el fraude fiscal, según planteó el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. Se trata, además, de la trasposición de una normativa europea del año 2016.
