A primeros de marzo de 2017 aún no se había celebrado ese referéndum tras el que tantas cosas han cambiado, pero, más de cuatro años después, sigue siendo válida la hipótesis planteada entonces de que, para España, o tercera república o monarquía sin Catalunya.
Aunque también es probable que el ritmo lento y la opacidad con que discurre la crisis de la monarquía permita que vaya madurando una crisis política de tal profundidad y envergadura que lo de tener que celebrar cuatro elecciones generales en menos de cuatro años terminará pareciendo un entretenimiento. No es descartable un escenario en el que ni siquiera un cambio del modelo de Estado pactado a la desesperada sea capaz de impedir la independencia de Catalunya.
Y que no digan los españolistas de toda condición que no han recibido señales suficientes. El rey anterior sigue huido en los emiratos y no es descabellado imaginar a montones de cómplices, comenzando por su propia familia, encendiendo cada día una vela a dios para que se muera sin dejar rastros que les compliquen la vida, y otra al diablo para que a Sánchez, igual que tras ganar las primarias del PSOE en 2017 le dio por echar a Alfonso Guerra de la Fundación Pablo Iglesias, no se le ocurra aplicar otra vuelta de tuerca y abrir la caja con todos los truenos que oculta la muy franquista y vigente ley de Secretos del Estado.
Los independentistas sí saben pactar coaliciones
Si hay algo que los de ERC, JxCat y la CUP han vuelto a demostrar, y que les diferencia radicalmente de los políticos españolistas, es su capacidad para ponerse de acuerdo en la formación de coaliciones izquierda/derecha, tanto electorales como de gobierno.
Tras la consulta popular del 9N de 2014 constituyeron la coalición electoral ganadora JxSí, formada por CiU, ERC y algunos miembros destacados de asociaciones independentistas. Sumando los de la CUP consiguieron el 47,8% de los votos y el 53% de los escaños. Demostraron tal capacidad para llegar a acuerdos de gobierno que incluso Artur Más, su líder electoral, decidió sacrificarse para dejar paso a Carles Puigdemont. Algo inimaginable en cualquier otro entorno de la política española.
Hasta la votación de hoy en el Parlament, con la elección de un presidente de ERC más de ocho décadas después, los independentistas han superado toda clase de actuaciones represivas promovidas desde el Estado. Y también muchas discrepancias internas sustanciadas en nuevas candidaturas que, después, el electorado ha castigado en las urnas para así mantener la utilidad del voto, mejorando cada vez los porcentajes conseguidos en las anteriores elecciones. En las del 14F, el 52% de los votos y casi el 55% de los escaños.
Sobre lo anunciado por Aragonés, y ya que hablamos de votos, destaca la intención de aprobar una ley electoral en Catalunya, lo que significa que tendrá que estar sometida a la LOREG y a la Constitución vigentes. El periodista Iu Forn ha hecho mención en TV3 y, si no le llegan a parar la lengua los demás tertulianos, se hubiera apostado una comida para toda la audiencia a que esa ley no verá la luz.
Como es día de pedir cosas, creo que la Generalitat debería luchar contra el Estado por una ley de consultas populares y referéndums no solo consultivos que permita consolidar, mediante la implicación activa de toda la sociedad, el gran avance en democracia que se inició en Arenys de Munt en 2010 y consiguió su mayor éxito el 1-O de 2017.
Y unos españolistas que no saben perder
Salvador Illa, el candidato que en 2021 no ha podido conseguir tantos escaños como Arrimadas en 2017, y no estamos siendo agoreros, ha resultado patético reclamando un pleno de investidura sin asegurar antes el éxito. El mismo ex ministro que, prepotente, no se quiso hacer el test Covid antes de un debate electoral, ha transmitido la sensación de que cantaría el “Cara al sol” si Vox se lo hubiera exigido a cambio de los votos de sus once parlamentarios.
Pero esta vez ha sido Miquel Iceta, otro del PSOE, quien nos ha recordado a la vicepresidenta Soraya (seguimos sin anunciar fracasos) cuando, sometida Catalunya al 155 y durante la campaña para las elecciones de diciembre de 2017, dijo aquello de que “ya no se llama Diplocat, ahora se llama Diplocat en liquidació” mientras se le escapaba otro de sus gestos, aquellos que tanto delatan una mezcla de burla y desprecio hacia el adversario, catalán casi siempre. Sin duda, también se sentía muy fuerte la entonces vicepresidenta después de que Pedro Sánchez se hubiera arrugado como un gusano al no requerir que diera explicaciones en el Congreso, pese a haberlo anunciado el mismo día en que las fuerzas represivas del Estado apaleaban a los votantes del 1 de octubre.
El caso es que el hoy ministro Iceta decidió vender la piel del oso antes de matarlo y el pasado domingo, 16 de mayo, soñando con nuevas urnas como si Catalunya se pareciera en algo a España, se le ocurrió proclamar que “con el PP casi se rompe España y con el PSOE se ha roto el independentismo”, apostillando sobre sus líderes que “no están de acuerdo sobre el camino a seguir ni en disposición de gobernar juntos, lo cual es muy, muy relevante”.
A buen entendedor, usted que está leyendo, sin comentarios basta.
Así que fue decir Iceta una cosa y ocurrir lo contrario, consiguiendo un nuevo govern para la Generalitat que, como cualquier otro que sea anterior a una Catalunya independiente, solo podrá ser de transición. Pero no por ello resultará cómodo para La Moncloa.
Por su parte, Vox acudirá un día sí y otro también a los tribunales y a otras instancias para bloquear el funcionamiento del Parlament y de la Generalitat. El PSOE sacará rendimiento del activismo franquista, pero a los Comunes no les saldrá gratis haber votado lo mismo que los de Abascal. Y eso que en Catalunya se sumaron al cordón sanitario de los independentistas contra el franquismo sin disfraz que representa Vox para, de esa manera, conseguir que no enviaran un senador a la capital del reino.
¿Recuerda usted cuando Pablo Iglesias y los suyos votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez, en marzo de 2016?
No insistas, maldita memoria, que hoy no hemos venido a divulgar malos augurios. De hecho, algunos ya han ocurrido.
Y, cambiando de tercio, quizás ocurra durante este gobierno de Aragonés, y no será malo, que la justicia no contaminada de españolismo, la europea, comience a dictar sentencias importantes sobre el trabajo realizado por los tribunales de España
