El abogado Gonzalo Boye, que defiende las causas, entre otros, de los exiliados políticos por el Procès, notoriamente al president Carles Puigdemont, estuvo este fin de semana telemáticamente en el programa españolista, FAQS de TV3. Fue muy explicito en el camino final en el que acabarán las euroórdenes españolas por intentar detener a su cliente y los otros dos eurodiputados, Toni Comín y Clara Ponsatí: «Hay más nervios en Madrid que en Bruselas, donde se toman el derecho seriamente».
Boye pide que el Estado español aclare el camino que quiere escoger: «Tendrán que decidir si están dentro o fuera de la Unión Europea. En los 27 estados miembros tienen inmunidad y son eurodiputados. La pregunta es si hay alguien que no está dispuesto a respetarla», porque sobre la inmunidad que la justicia europea les acaba de devolver, no ha ha habido ningún comunicado oficial escrito, ni judicial ni político, desde España que confirme la misma.
Boye va más allá y se plantea las consecuencias que puede tragarse el Gobierno si no redirige el rumbo: «En términos jurídicos, España no tendría que detener Puigdemont, ni a Comín ni Ponsatí porque tienen inmunidad y es la respuesta de cualquier jurista serio. Y evidentemente tienen un riesgo de acabar fuera de la Unión Europea». Por eso, alega que existe un «principio de buena administración» que han aplicado en su defensa que les ha permitido ganar la razón en todos los embates hasta ahora.
En esta línea también se ha expresado en las últimas horas el jurista catalán Josep Costa. El presidente español Pedro Sánchez, puso los indultos a los presos independentistas sobre la mesa poco antes de la emisión del informe del Consejo de Europa. Este hecho, según este jurista y ex vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, podría no ser fruto de una coincidencia, sino más bien de la cesión del jefe del ejecutivo delante de la presión internacional. Cuando el rio suena…
