La ANC y el Consell per la República (CPR) consideran que el aval del Consejo General de la Unión Europea (TGUE) que avala el rechazo de la Comisión Europea a la Iniciativa Ciudadana (ICE) de las dos entidades que pretendía sancionar a España «no se ajusta a la legalidad de la UE». Así lo expresan la Asamblea y el CPR en un comunicado conjunto, donde añaden que ahora estudiarán si modifican el texto de la ICE o bien presentarán un recurso para que la Comisión Europea termine registrando la propuesta. El presidente del CPR, líder de Juntos y ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, opinó vía Twitter que la justicia europea «merece el máximo respeto» porque cuando toma una decisión lo hace en base a «razones estrictamente de derecho y no políticas «.
Las dos entidades registraron en 2019 una ICE que pedía a Bruselas examinar si el Estado está «vulnerando los derechos políticos y civiles» del pueblo catalán. Bruselas declaró inadmisible la petición alegando un defecto de forma: que no se pide explícitamente un acto jurídico. El ANC y el CPR impugnaron la desestimación ante el TGUE acusando el ejecutivo europeo de rechazarla en realidad «por el fondo de la cuestión».
Tras la decisión del TGUE, el ANC y el CPR apuntan que la institución europea «se esconde detrás de una excusa procedimental», y subrayan que la razón por la que rechazan la ICE es «política». Ambas entidades defienden que la función de vigilancia del respeto por el estado de derecho ante posibles «amenazas sistémicas» por parte de los Estados miembros es una competencia de la Comisión Europea, como principio fundamental de la Unión recogido en el artículo 2 del Tratado de la UE.
Asimismo, la ANC y el CPR añaden que su ICE quiere precisamente demostrar que «estas vulneraciones no son puntuales, sino generalizadas», y que han surgido a raíz del proceso político emancipador que vive Catalunya.
«La Asamblea y el Consell quieren enfatizar así» el escaso respeto al derecho de las minorías, la politización de las altas instancias jurisdiccionales, la inexistencia de contrapesos a las altas instancias jurisdiccionales, el nulo respeto a la aplicación directa de normas y principios rectores de la Unión Europea, la utilización espuria por el Estado de diversos mecanismos de cooperación jurídica entre estados miembros, la vulneración de derechos civiles y políticos a las minorías y sus representantes, y la vulneración sistemática de determinados derechos, sin los cuales una sociedad difícilmente puede calificarse de plenamente democrática «, añade el comunicado conjunto
Las dos entidades se reservan ahora la opción de incluir las modificaciones necesarias a la Iniciativa, para volverla a presentar para que la Comisión la registre, o bien la posibilidad de presentar un recurso ante la instancia judicial superior -el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- a fin de conseguir que la Comisión acepte el registro de la ICE con el redactado actual, para pedirle que investigue si las vulneraciones de derechos humanos de las autoridades españolas contra el pueblo catalán suponen una amenaza sistémica contra estado de derecho.
