Las Asociaciones de jueces: la Profesional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han pedido hoy al Gobierno de España que impida que el Consejo de Europa apruebe el próximo lunes el informe que se presentará desde la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
Según estas asociaciones, el informe pondría en entredicho a la Justicia española y lesionaría el prestigio del Poder Judicial.
Según ha informado Europa Press, los jueces reprochan en un comunicado el proyecto del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa en el que consideran que se «pone en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos» al comparar España con Turquía.
«El texto sugiere una equiparación entre la situación de España y Turquía, países cuyos regímenes políticos y situación del estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda, sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido» han señalado.
Solicitan estas asociaciones a los partidos políticos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa que en el debate «expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España».
Piden además al Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie de manera oficial sobre el contenido del proyecto y denuncie públicamente «las falsedades e inexactitudes» que contiene con el fin de «evitar una declaración que lesione el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento de cara a los ciudadanos».
Consideran reprochable que el texto a debatir en la Asamblea haya presentado la actuación de determinadas «personas condenadas por delito de sedición» como una «mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político, desconociendo la vertiente de lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos que, según parece entender el proyecto, no se resentiría por una aplicación caprichosa de los mismos a finalidades ajenas a su destino, siempre que lo ordenen políticos y se orienten a finalidades de tal carácter».
Critican estas asociaciones el hecho de que el proyecto «de por sentados hechos y situaciones» que a su juicio «divergen» de los hechos probado que se establecen en la Sentencia del Tribunal Supremo «dictada con escrupuloso respeto a todas y cada una de las garantías de un proceso justo».
Consideran que el texto insinúa una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos y por ello «constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías». «En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto», afirman.
