No son solo los dirigentes políticos o activistas encarcelados por el Procés. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba este lunes a favor de los indultos en un acto en el Liceu de Barcelona, el mismo día que ocho ex altos cargos de la Generalitat eran citados ante el juez por la organización del 1-O.
Los dirigentes del Govern, que siguieron la comparecencia de sus compañeros ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, no alteraron sus agendas y plantaron a Sánchez. Ya habían advertido de que la única manera de solucionar el conflicto político entre Catalunya y España era la amnistía de presos y exiliados y poner fin a todas las causas judiciales abiertas.
«Los indultos son una respuesta parcial y personal que no resuelve, en absoluto, la causa general contra el independentismo», aseguraba Esquerra Republicana y es lo que piensan el resto de formaciones independentistas catalanas. En total, son unas 3.000 personas las afectadas por las diferentes causas abiertas en torno al Procés.
Las infames imputaciones judiciales son las de siempre. Desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental son los delitos que pesan sobre la mayoría de investigados, procesados y condenados que han sustentado cargos públicos durante el referéndum del 1-O. Sin olvidar la amenaza siempre presente del delito de sedición.
