La infamia de España contra Catalunya no acaba por y en los indultos. Estos no afectan a la decisión del Tribunal de Cuentas (que no es jurídico sino administrativo) de seguir reclamando a los catalanes, a los que ellos consideran instigadores del Procés, los 10 millones de euros que calcula extrajeron de las arcas públicas para publicitar por el mundo su proyecto independentista y costear el referéndum por la autodeterminación del 1-O.
Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras son algunos de ellos, pero no sólo, porque entre consellers, altos cargos y funcionarios hay cerca de 40 personas afectadas. Así ERC cree ha llegado el momento de «hacer algo con el Tribunal de Cuentas» y, a continuación, como ejemplo del supuesto sesgo de este organismo destacan que «el hermano de Aznar está ahí y hay que sacarlo» junto al resto de sus miembros.
Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas, que debería ser el último reducto de la honradez pública, es vergonzosa y públicamente sospechoso de corrupción. Los lazos de parentesco alcanzan a un centenar de empleados. Los dos últimos presidentes del comité de empresa han colocado a 17 familias con sueldos un 30% superiores a la media del sector público. Pero la corruptela es desmesurada en ejemplos.
El País publicó que «el Tribunal de Cuentas del Estado troceó proyectos de obras y contratos para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas. las presuntas corruptelas: el enchufismo y el nepotismo en este ‘tribunal’ son notorios, ya que los lazos de parentesco alcanzan a un centenar de empleados del organismo (actualmente, un sobrino y una concuñada del presidente trabajan en él).
