Desde juzgados catalanes, decenas de policías y guardias civiles permanecen imputados acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza en las cargas para impedir el referéndum democrático del 1-O. Sus causas se encuentran repartidas en varios juzgados de Catalunya, que han investigado durante más de tres años y medio por debajo del radar.
La lista de agentes implicados ha ido creciendo eclipsada por otros procedimientos más mediáticos como el que se siguió en el Tribunal Supremo contra los líderes del Procés recién indultados o el que absolvió a la cúpula de los Mossos d’Esquadra en la Audiencia Nacional.
Solo en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que dirige el magistrado Francisco Miralles se instruye una macrocausa que acumula hasta 28 piezas separadas, una por cada colegio electoral de la Ciudad Condal en el que se presentaron denuncias contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya indica que el magistrado tiene intención de terminar la causa próximamente, y precisa que citara a declarar a media docena de agentes durante el mes de julio, que intervinieron el 1-O.
