El politizado Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes a los representantes de más de 40 cargos independentistas de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont la obligación de entregar fianzas por un importe total que supera los 5 millones de euros. Los representantes de los investigados, entre ellos el del legítimo president exiliado, han recibido un acta de liquidación en la que se detallan las cifras a lo largo de varias páginas.
El documento de 504 páginas, que se les ha entregado en mano, incluye una fianza en el caso del president de 1,9 millones. Los letrados tendrán tres horas para leerlo y hacer alegaciones en turnos de 10 minutos por abogado.
El importe debería depositarte de forma preventiva en los próximos días para evitar embargos. Esta se divide entre los dos Ejecutivos y ha quedado repartida en función de la responsabilidad en el supuesto gasto irregular que el organismo atribuye al ejecutivo catalán por la acción exterior que desarrolló durante seis años, entre 2011 y 2017.
Hay que recordar este infame órgano como máximo fiscalizador del Estado es quien vigila la contabilidad de las formaciones políticas, de sus fundaciones y de los organismos públicos, que no pasan por la lupa de la Agencia Tributaria salvo que medie la intervención de un juez si hay sospechas de delito.
Pero lo llamativo es que el ente que vigila qué uso hacen administraciones y partidos del dinero público que reciben está controlado por los propios partidos españoles. Y como es notorio y público, ninguno de los grandes casos de corrupción del Estado español de los últimos años como Gürtel, Bárcenas, Púnica, ERE de Andalucía, etc. ha surgido de sus fiscalizaciones, y si han tenido que hacerlo, como en el caso de la mujer de Aznar, Ana Botella, y su venta de viviendas sociales a fondos buitres, lo dejaron pasar, hasta el que el TS la condenó.
