La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha hecho público un comunicado pidiendo que el Govern de Catalunya ampare y responda económicamente al asedio del Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat implicados en la acción exterior entre el 2011 y el 2017.
El Secretariado Nacional de la Asamblea quiere dejar claro «que las personas afectadas actuaron en ejercicio de sus funciones dentro de la Generalitat, aplicando las atribuciones y competencias que el Estatut de autonomía daba a la institución. Consideramos que el actual gobierno de la Generalitat, en defensa de sus atribuciones y de su gente, debe defender y cubrir hasta el último centavo que se reclama a las personas afectadas.
No hacerlo sería renunciar a la defensa de la legitimidad del Govern y de su acción y dejar desamparados a sus cargos, lo que crearía un precedente que dejaría tocada la credibilidad de la institución de cara al futuro. Traspasar la responsabilidad de defender los miembros del Govern a la sociedad civil debilita el movimiento independentista, ya que lo sitúa en una situación de desamparo que incluso puede incentivar un aumento de la represión económica.
Así, defiendo que todos los afectados actuaron en el ejercicio de sus funciones dentro de la Generalitat, «la solidaridad de la sociedad civil debe ser la última trinchera y debe servir sobre todo para el independentismo de base que no tiene el paraguas de una institución, partido político u organización».
