Un mal llamado Tribunal de Cuentas, en el que se encuentra por ejemplo, el hermano mayor de José María Aznar, o la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante, está actuando como si fuera un alto tribunal jurídico, cuando no tiene potestad, y encima lo hace de manera inquisidora. Este no ve viable que el pago de los 5,4 millones que reclama a los 34 investigados por los gastos de la Generalitat en acción exterior a favor del proyecto independentista se lleve a cabo con un aval de la propia administración catalana.
Obviamente, el tribunal no hará pronunciamiento formal alguno hasta que reciba alguna propuesta en firme sobre las modalidades de pago que puedan proponer las defensas de los implicados. Pero en la institución encargada de la fiscalización del uso de los fondos públicos no se recuerda precedente alguno que pueda ser invocado ahora para sostener con posibilidades de éxito dicha pretensión.
En las conversaciones informales que se están teniendo en la institución se subraya por un lado el deseo de facilitar al máximo el ejercicio del derecho de defensa, pero se excluyen las prácticas de contorsionismo jurídico. ¿Cómo puede un simple órgano fiscalizador decidir de donde proviene el dinero de sus ‘multas’. Eso lo tendría que valorar y judicializar, si viera alguna irregularidad, y no solo venganza, un tribunal jurídico real.
En esos medios informales se subraya que existe una especial tranquilidad de fondo tras la reciente providencia del Supremo en el sentido de inadmitir a trámite el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros condenados por los supuestos paranoicos gastos realizados para organizar la consulta del 9-N de 2014. España va a la deriva y esto es otro agüero más en el casco. La justicia de Europa es lenta pero acabará dejando a cada uno en su sitio.
