Otro escándalo del patriarca de los Borbones españoles. Según adelantaba este domingo en exclusiva el diario Público, Juan Carlos I consiguió forjar su fortuna a través del tráfico de armas en países árabes, un fraude perpetuado al lado del que fue su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, y no con las comisiones del petróleo como siempre nos habían hecho creer.
El medio se remonta a 1977 cuando el rey emérito nombró a su amigo Colón de Carvajal senador por designación real, «así como administrador solidario al 50% de todos sus negocios, empezando por la venta de armas». En ese momento, en una visita a Riad, capital y principal centro de negocios de Arabia Saudí, Juan Carlo I inició los negocios para la fundación de la empresa que canalizaría “el comercio entre los dos países”: Alkantara Iberian Exports.
El príncipe Fahd, en aquel momento hombre fuerte del régimen teocrático del rey Jaled, sucesor de Faisal, nombra delegado saudí en Alkantara al traficante de armas Adnan Khashoggi. Por su parte, Juan Carlos designa a Manuel Prado como presidente de la compañía, financiada con fondos públicos en la mitad española: el Instituto Nacional de Industria (INI) pondrá un 25% y Focoex (Fomento del Comercio Exterior, del Banco Exterior de España pero operando desde Panamá) el otro 25%.
Alkantara Iberian Exports se constituye en Londres el 6 de julio de 1978, como «Private limited with Share Capital company» y la elección de cargos continuó con el fichaje de Borja Prado Eulate, hijo del socio y testaferro del rey, quien trabajó para Focoex de 1980 a 1988, según señala el citado medio, y Francisco Jiménez Torres, quien se acabaría convirtiendo en abogado de Khashoggi en operaciones comerciales internacionales.
Todas las operaciones internacionales de ventas de armamento y material militar son consideradas en esos momentos «materias clasificadas» por tratarse de «asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado» y estaban amparadas por el artículo 2 de la ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, una ley todavía vigente que impide obtener los documentos de esos contratos gestionados por Alkantara.
En 13 de agosto de 1982, Manuel Prado y Khashoggi registran la compañía en el paraíso fiscal de Chipre como «Compañía Limitada con registro HE18048», quedando así evidenciada la intención de ambos de «hacer negocios opacos de tráfico de armas a través de Alkantara», ya que podían operar fuera del control tanto del gobierno saudí como del español». Del resto, hasta ahora. Un nuevo escándalo en toda regla del patriarca de los Borbones que pone en duda, si cabe más, esa institución como representante de la jefatura de Estado en España…
