El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la nueva Ley de Memoria Democrática mediante la que se extinguirán las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Con este nueva redacción, el Gobierno recoge las sugerencias realizadas a este punto del anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial.
Así lo ha explicado Vael secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha avanzado que también se han incorporado las aportaciones que hizo en su informe el Consejo Fiscal para perfilar con más exactitud las funciones de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Así, la norma que sustituye y amplía la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fijará como causa de extinción de las fundaciones que éstas no persigan fines de carácter general o hagan actividades contrarias a los mismos.
Todo esto mientras el líder del PP, Pablo Casado, ha prometido luego que su formación consiga llegar al gobierno sustituirá la ley de la memoria democrática del gobierno de Pedro Sánchez por una «ley de concordia». Según Casado, la ley «de concordia» ya está redactada y en su preámbulo cuantificará que desde 1975 el Estado ya ha destinado 16.000 millones de euros «a las familias republicanas». El nuevo texto, dijo, abordará «en positivo» cambios en el ámbito de lo público, el funcionariado, la Justicia, el Ejército.
