El Gobierno no contempla la retirada de la cruz del Valle de los Caídos pese a la resignificación que se quiere dar al lugar con la nueva ley de Memoria Democrática. Lo que sí está en el aire es el futuro de la abadía, ocupada actualmente por monjes benedictinos y que el Ejecutivo negociará con la Iglesia, según han explicado fuentes gubernamentales.
La ley de Memoria Democrática, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso de los Diputados, declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y deroga el real decreto de la abadía del año 1957, por lo que el Gobierno iniciará un proceso de negociación con la Iglesia para definir su futuro.
Todo ello en el marco de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de todas las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. En él tampoco cabe que el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera ocupe un lugar preponderante, por lo que deberá ser exhumado para su traslado a otro lugar de la abadía o fuera del Valle si así lo deciden sus familiares.
Esta ley recoge por primera vez de forma explícita, en su artículo 1.3, un repudio y condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la condena de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública, según subrayan las fuentes del Ejecutivo. Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas para contar con un número oficial y darles visibilidad.
