Jaume Giró, el conseller de Economía y Hacienda del Govern, ha anunciado que finalmente el Govern avalará los 5,4 millones de euros de fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a través del Institut Catalá de Finances (ICF). En el marco del pleno del Parlamento, el consejero ha explicado que en las últimas horas los trabajadores del Instituto le han trasladado su predisposición a activar esta vía.
Ayer martes, Giró descartó el aval a través del ICF para no poner en riesgo a los trabajadores públicos. «Han pedido que por ellos no quede y que intentamos utilizar la disposición adicional tal como está previsto en el decreto ley. Y eso es lo que haremos «, añadió. Giró también ha agradecido la «generosidad» de los trabajadores públicos.
A pocas horas de que esta medianoche acabe el plazo para pagar la fianza, el consejero Giró ha anunciado un cambio de posición. El motivo del giro, según explicó, es que ha recibido llamadas de trabajadores del ICF pidiéndole que active el aval a través de este organismo.
Según fuentes del Departamento de Economía, antes de comenzar el pleno del Parlamento, a primera hora de la mañana, Giró ha reunido con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para explicarle que finalmente se activará el aval a través del ICF. Según explicó el propio consejero al pleno, a Aragonés le ha parecido «muy bien».
De hecho, desde ERC se optaba por esta vía tras constatar que, de momento, no se ha encontrado ninguna entidad financiera que avale la fianza. Y fuentes de los republicanos en el Gobierno celebran que finalmente el consejero Giró lo haya podido hacer posible. Y es que si el Ejecutivo catalán no encontraba una solución en las próximas horas, el Tribunal de Cuentas hubiera embargado bienes personales de los 34 ex altos cargos del Gobierno por la acción exterior entre 2011 y el 2017.
Fuentes del Departamento de Economía explican que el aval del ICF es provisional y que se continuará trabajando para encontrar una entidad financiera que esté dispuesta a avalar el fondo creado por la Generalitat. Y señalan que han tenido poco tiempo para hacer todas las gestiones necesarios desde que el 29 de junio el Tribunal de Cuentas hizo públicas las fianzas.
El pleno del Parlamento de la próxima semana votará el decreto del Gobierno que prevé crear el fondo y jueves 29 de julio termina el plazo para que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) emita un dictamen tal como pidieron PSC, Cs y PPC . Los socialistas pero creen que el decreto del Gobierno se ajusta al Estatuto y la Constitución. Si el dictamen del órgano consultivo es favorable podría ayudar para convencer entidades financieras, según apuntó el martes el presidente Aragonés.
