Desde el pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional estudia a fondo la ley de Salud de Galicia, donde se preveían sanciones para aquellas personas que no quisieran vacunarse contra el COVID-19.
Fue el propio Gobierno de España quien presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre dicha norma, al entender que el establecimiento de vacunación obligatoria podría estar contraviniendo derechos fundamentales.
De forma inmediata, y hasta dictar sentencia, el Tribunal Constitucional estableció la suspensión cautelar de la aplicación de la norma. Y esta suspensión hoy se ha vuelto a confirmar, si bien se ha levantado para algunas partes del texto que no tienen nada que ver con la vacunación.
El Gobierno presentó el recurso de inconstitucionalidad después de que el Consejo de Estado presentase un informe en el que, sin ser vinculante, señalaba su posición coincidente con el Ejecutivo. En su informe proponía al Gobierno la necesidad de crear una ley específica para abordar, mediante ley orgánica, todas las cuestiones que tuvieran que ver con la gestión de la pandemia.
Aún pendiente de sentencia, la obligatoriedad de las vacunas sigue sin ser de aplicación en Galicia.
