El Fiscal Superior de Catalunya le sigue el juego represor al Tribunal de Cuentas contra Catalunya, sin ser sorprendente. Anuncia la apertura de una diligencia de investigación contra la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (ICF) por haber aceptado avalar con el Fondo Complementario de Riesgos del Govern las fianzas de los 34 ex miembros del ejecutivo a los cuales el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros.
Por el contrario ha archivado la denuncia por la misma razón contra los miembros del Govern de la Generalitat. La decisión de la Fiscalía da respuesta a la denuncia presentada por el presidente del grupo parlamentario de Ciutadanos, Carlos Carrizosa, contra la decisión de la junta de gobierno del Instituto Catalán de Finanzas de avalar las fianzas de los ex miembros del Govern en los cuales el Tribunal de Cuentas responsabiliza de haber dedicado dinero de la política exterior de la Generalitat a la promoción del Procés.
Las diligencias se ciñen solamente a la junta de gobierno del ICF, el órgano que la semana pasada aprobó el mecanismo del aval en una votación muy dividida y solo dos días después de que tres de sus miembros independientes presentaran la dimisión.
El partido naranja también había incluido en su denuncia a tres miembros del Govern: el presidente Pere Aragonès, el consejero de Economía Jaume Giró y la consejera de Presidencia Laura Vilagrà. La Fiscalía, sin embargo, ha ordenado que esa parte se archive porque ya existe un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impulsado por Vox.
