El Tribunal de Cuentas ha dictado otra de sus actas de liquidación provisional por la que en esta ocasión reclama la entrega de 15,6 millones de euros a diferentes miembros del PSOE y de UGT por los ERES de Andalucía.
Las cantidades se solicitan en concepto de fianza, mientras se investigan las posibles responsabilidades ante las señaladas irregularidades que pudieron comenteres y que todavía están pendientes de ser enjuiciadas.
Mediante un comunicado del propio Tribunal de Cuentas, se detalla que la reclamación tiene su origen en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en los ejercicios comprendidos entre 2001 y 2010.
El ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía presentaron las demandas pertinentes por las que se abrieron tres procedimientos judiciales distintos para dilucidar lo sucedido y derivar las correspondientes responsabilidades.
Precisamente sobre uno de estos casos abiertos, el pasado 15 de julio se dictó un acta de liquidación provisional donde se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15, 6 millones de euros, aunque 7,69 millones se imputan, según la investigación al que fuera director de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. Esta cantidad debería, en caso de reflejarse finalmente su responsabilidad, ser abonada por sus herederos.
También se requieren 5,18 millones a Juan Márquez Contreras, sustituto en el puesto de Guerrero. Al ex director de trabajo, Daniel Alberto Rivera Gómez se le hace presuntamente responsable de los desvíos contables por valor de 2,78 millones.
