Ayer tuvimos pan, hoy solo podemos luz, se dijeron entre ellos, un día más, los dos.
Una realidad alarmante, quizás para millones.
Quizás por situaciones como esa, el 12 de agosto le preguntaron a Teresa Ribera en la SER y, como estoy harto de que la Constitución sirva de muletilla, un día en boca de la oposición y otro en la del gobierno, decidí buscar luz, o algo parecido, entre los 169 artículos de esa ley.
Pero antes llegó el día siguiente, y la prensa de papel estaba llena de noticias sobre lo mismo, incluidas referencias a la entrevista de Ribera, aunque no he leído ninguna que se hiciera eco de la mención constitucional.
Leí en una portada a las asociaciones empresariales afirmando que “el elevado precio de la luz pondrá en aprietos a muchas empresas” y en la editorial que “España tiene los precios más elevados de la factura eléctrica de toda la UE”, dato al que es obligado añadir que en PIB per cápita ocupamos el puesto 14 de los 27 de la UE, algo gravísimo teniendo en cuenta lo de nuestra luz, pero además dramático, pues también somos el tercer país más desigual.
También decían que “la UE ha tenido que recordar al Gobierno español que sí dispone de mecanismos legales que pueden atemperar esos precios”. Y que lo de la rebaja temporal del IVA no ha sido suficiente.
En páginas interiores titulaba que “el Gobierno abre la puerta a una empresa pública para gestionar la hidroeléctricas” pero El Diario, de Escolar, advierte que “Casado se burla del plan del Gobierno para crear una eléctrica pública obviando que la mayoría de países la tienen”.
Por si usted quiere vender el coche eléctrico que ha comprado, pues ya sabe que no tendrá dinero para recargarlo, leí en otra página que “el precio de la gasolina vuelve a subir en su mes de agosto más caro desde 2013”.
Los de las páginas de sucesos no iban a ser menos, y G. Esteban informaba de un “detenido por amenazar a su compañero de piso por el consumo de luz” tras una discusión por dejar la luz encendida. ¿Le suena? Pues peligro.
Y, por fin, los humoristas. “Tueldús”, en la última página, dibujó a uno encendiendo un ventilador y, detrás de él otro le pregunta: “Cuando enchufas algo, ¿te dan energía o te la quitan?”. Elija usted la respuesta que menos gracia le haga.
En el de “PEPE” aparece el clásico prepotente marca de la casa, ocupando tres cuartas partes de la viñeta, mientras le dice al también habitual pequeño y asustado que “El problema es que los pobres queréis tener aire acondicionado por encima de vuestras posibilidades”.
Pido la cuenta y le pregunto al dueño del bar y del periódico leído y aquí contado, el Última Hora de Mallorca. Me dice que pagaban 1.400 y ahora son 2.200 € lo que les cuesta cada mes el recibo de la luz.
De regreso a casa me pongo a revisar los 169 artículos de la Constitución. No me puedo quitar a Ribera de la cabeza.
No encuentro la palabra “luz” porque, como el aire que respiramos, supongo que dieron por descontada. En cambio, los artículos 38, 47 y 51 sí que hablan de la planificación económica del gobierno en el marco de la economía de mercado, del derecho a disfrutar de una vivienda digna en la que las del sol, la luna y las estrellas no serían las únicas luces disponibles, y de la obligación del gobierno de regular el comercio interior.
Es evidente que esos artículos no se cumplen en los términos previstos en la Constitución, por lo que el Gobierno tiene trabajo por delante para mejorar mucho en lo que se refiere al “comercio” de la luz artificial.
No obstante, conviene recordarles, a la ministra y al Gobierno, que también hay otros artículos en la Constitución, tan en vano mencionada.
Por ejemplo, el artículo 76 dice que “el Congreso y el Senado podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público”. Resulta que en enero de 2017 UP exigió la creación de una comisión de investigación sobre el precio de la luz, que subía, pero ahora, que sube mucho más, el Gobierno en el que la misma UP tiene ministros se niega a crear una comisión sobre el mismo problema. Parece una actitud muy poco inteligente pues, aunque quien la pida ahora sea el mismo PP que la negó en 2017, esa comisión parlamentaria siempre investigaría a las grandes eléctricas. Y resulta mucho más difícil de aceptar por su electorado si quien impide esa investigación es un gobierno de coalición progresista.
Y también podría el Gobierno aplicar un 116 que, como únicamente suspendería, temporalmente, la libertad de los dueños de las grandes eléctricas para poner unos precios que obligan a millones a elegir entre luz y pan, no es probable que, dentro de un año, aparezca un Tribunal Constitucional con el mandato caducado diciéndole al Gobierno y al Congreso que mejor hubieran declarado es el Estado de Excepción. Pero si tienen miedo a esos jueces, que apliquen directamente el 55.
¿No le parece, señor Sánchez, que esta pandemia de abuso de posición dominante se merece, al menos, una respuesta urgente y a la misma misma altura que contra cualquier otro virus?
No he leído que la Constitución se lo prohíba.
