El vicepresident y conseller de Polítiques Digitals y Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado que el Estado «debería pedir perdón por el expolio de casi 50 años sin prácticamente construir ninguna autovía en Catalunya», y «han tenido que pagar los conductores catalanes en forma de peaje».
Lo ha dicho en una rueda de prensa ante el peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès, uno de los que han levantado la barrera desde esta pasada medianoche con el fin de las concesiones de esta vía, la AP-2 , la C-32 norte y la C-33.
Ha asegurado que se ha conocido «la dimensión del expolio» en referencia a los 752 millones de euros anuales que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado como ahorro para los conductores en las autopistas catalanas de titularidad estatal.
Puigneró ha insistido en pedir el traspaso de la gestión de la AP-7 y la AP-2 en Catalunya. También que el Estado rescate las cuatro vías que todavía quedarán de pago, todas ellas titularidad de la Generalitat, ya que a su entender, «son la consecuencia del déficit en infraestructuras que el Estado ha realizado en Catalunya» durante estos años.
Para Puigneró, los peajes han significado «un expolio que ha sido financiado por el bolsillo de los catalanes y que ha afectado a la competitividad de las empresas y la economía catalanas». Tambien anunciaba que hoy miércoles no asistirá a la inauguración del enlace entre la A-2 y la AP-7 en Castellbisbal «en protesta» por la lentitud en la construcción de esta infraestructura.
Explicó que el puente es conocido «como el ‘Puente de la Vergüenza» después de estar diez años construido aún sigue sin accesos, y dijo, explícitamente, que el ritmo de construcción ha sido de 200 metros al año. «Las infraestructuras no se pueden construir a este ritmo y no podemos permitir que el Estado invierta en un ritmo tan lento en Catalunya», ha añadido.
