Las corruptelas por los turbios negocios del rey Emérito Juan Carlos I vuelven a las andadas. La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que habría amasado su fortuna oculta gracias al cobro de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
Así lo expone en la comisión rogatorio remitida por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas. Campos lidera la investigación junto con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzyn, y un equipo de fiscales del Supremo.
Todos ellos consideran que existen “elementos indiciarios” de que el dinero opaco procede de actividades ilícitas. En consecuencia, se advierte la posibilidad de que el Emérito pudiera haber incurrido en un total de cuatro delitos: «Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias”.
La Fiscalía del Supremo también menta en el documento remitido a Suiza que existen otras diligencias que ya están en marcha, mentando concretamente los “hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos” que controlaba Juan Carlos I.
