La Fiscalía de Madrid solicita diez años de prisión para un sargento de la Guardia Civil destinado en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones por la presunta comisión de delitos continuados de falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos. Solo hace unos días recordábamos que casi 150 Guardias Civiles habían sido detenidos ya por corrupción.
El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia de Madrid con un jurado popular. El fiscal pide la misma pena para E. M. D., un trabajador autónomo dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social en concepto de actividades de comercio al por mayor de equipos electrónicos, quien junto al otro acusado urdió un plan que logró desviar un total de 210.721,41 euros de las arcas del Instituto Armado a dos cuentas corrientes titularidad del trabajador autónomo para después repartirse el dinero entre ambos.
Según el escrito de acusación, E. M. D. empleaba las denominaciones Suministros Logísticos Dorado, el suyo propio y el de su mujer sin que ella tuviera conocimiento, para elaborar documentos «que simulaban ser facturas en las que aparentaba bien el suministro de materiales bien la realización de reparaciones a favor de la Guardia Civil».
La Fiscalía subraya que «dichas facturas no respondían realmente a suministro ni reparación alguna», pero que una vez recibidos en el negociado en el que el otro acusado era responsable, «daban lugar a que se ordenara el pago mediante transferencia bancaria a favor del emisor de la factura mendaz».
Los acusados se cuidaron de que los suministros y reparaciones simuladas nunca superaran el importe de cinco mil euros porque de esta manera el sargento de la Guardia Civil realizaba los trámites necesarios para que el importe fuera pagado a través del sistema de «pago mediante anticipo de caja fija» que, en el negociado del que era responsable, se empleaba para este tipo de pagos ya que los que superaban la suma de cinco mil euros estaban sujetos a mayores controles que habrían dificultado el éxito de su plan y que el acusado eludía.
En ejecución de dicho plan, E. M. D. elaboró 43 facturas que, una vez emitidas y entregadas en la unidad de la que era responsable el otro acusado, dieron lugar a su pago. Una vez transferidos los fondos, se depositaban en dos cuentas «de manera inmediata o transcurridos pocos días».
Posteriormente E. M. D. realizaba reintegros de cantidades en efectivo que oscilaban entre 2000 y 2500 euros y que entregada al otro acusado quien, a su vez, incorporaba el dinero a su patrimonio. Así ocurrió hasta la última de las entregas que tuvo lugar el día 30 de enero de 2013.
Este día, hacia las 12:38 horas, E. M. D. acudió a las dependencias de la Guardia Civil y se dirigió a la entrada del edificio del Servicio de Telecomunicaciones donde había concertado una cita con el otro acusado a fin de que éste recibiera un sobre con 2.500 euros dinero como contraprestación por sus servicios. Inmediatamente después de la entrega ambos fueron detenidos.
Por último, la Fiscalía recuerda que «al menos» en 14 casos se ha podido acreditar que el sargento de la Guardia Civil «bien directamente o bien a través de persona interpuesta que actuaba bajo sus designios», simuló las firmas del Coronel de la Guardia Civil Jefe del Servicio de Telecomunicaciones y del Teniente Coronel de la Guardia Civil 2º Jefe del Servicio de Telecomunicaciones en los sellos de «conforme y páguese» estampados sobre las facturas.
