Es público y notorio que en España hay lenguas de primera y de segunda. Hay una en la que todos nos entendemos, pero hay otras que forman parte del patrimonio de sus hablantes, de la que todos están orgullosos de utilizar y define territorios y ciudadanos, cultural, social y hasta económicamente de donde emana. Y eso, un Estado que de verdad se reconozca como plural debe defenderlo por igual por una simple cuestión de respeto para con estos hablantes. Es pura voluntad de servicio al ciudadano en tanto que hablante. Pero el desaguisado cuenta con la complacencia de la Unión Europea.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene preparado el borrador de la nueva Ley General de Comunicación para que el Consejo de Ministros le dé luz verde de manera inminente. Se ha hecho caso omiso, de momento, de las reclamaciones que llegaban principalmente de Catalunya para que se fijase un porcentaje obligatorio de inclusión en el catálogo y de inversión en cine o producción en catalán por parte de las cadenas de televisión y las plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime o tantas como operen en el mercado.
Es una ley intervencionista acorde a la directiva de la Unión Europea. En el caso de las televisiones convencionales, el 51% del tiempo de emisión anual de su programación tendrá que ser obra europea y, de este porcentaje, la mitad tendrá que estar reservada a producciones en castellano o en alguna de las otras lenguas del Estado. Nótese el ‘o’, que marca la diferencia y, dada la experiencia previa acumulada, permite adivinar que en lo que atañe a lenguas que no sean la castellana, el porcentaje va a ser más o menos del 0%.
Y lo mismo para las plataformas de emisión digital. En este caso, su ‘escaparate’ dedicado a obra europea ha de ser como mínimo del 30%, y de este, al menos el 50% reservado a producciones en castellano o las otras lenguas del Estado. De nuevo que se repite el ‘o’, así que podemos repetir también la conclusión: el porcentaje de obra en catalán, vasco o gallego será tendente a cero. Lo que sí es realmente importante a ojos del legislador se hace obligatorio, el castellano, y aquello que no lo es se deja al viento de la buena voluntad, las otras lenguas. Si España hasta ahora se gastaba 0 euros en promocionar a esas tres lenguas históricas cooficiales, a partir de ahora…
