Un hecho puede contarse de muchas maneras. Incluso una cuestión absolutamente normal, legal y perfectamente habitual, puede tratarse desde algunos medios informativos con la intencionalidad de que pueda parecer todo lo contrario.
Algo parecido a esto ha sucedido hoy con esta noticia en la que se señala que «Puigdemont abre una oficina en el centro de Barcelona con dinero de la UE». La lectura del artículo desarrolla el titular, dejando claro que se trata de una cuestión absolutamente legal, y perfectamente correcta para los europarlamentarios. Sin embargo, hay puntualizaciones que parecen querer dar a entender que Puigdemont, Comín y Ponsatí estuvieran utilizando fondos europeos públicos «pese a sus causas pendientes con la Justicia española y su detención el pasado jueves en Cerdeña».
Ante la posible confusión que puedan generar este tipo de informaciones, siempre es preciso señalar que por el momento, ni Puigdemont, ni Comín y ni Ponsatí han sido juzgados, ni condenados, por lo que rige para ellos el principio de presunción de inocencia. Es la primera cuestión que hay que respetar y que en demasiadas ocasiones se olvida.
Pero además, tal y como explica la propia noticia, todos los eurodiputados disponen de una asignación por parte del Parlamento Europeo para establecer una oficina en sus territorios, contratando al personal que estimen oportuno en base al presupuesto, con la finalidad de que atienda de manera directa las necesidades de la ciudadanía del lugar de procedencia de los eurodiputados. La mayoría de eurodiputados disponen de lo que se llama un «asistente territorial» que en algunos casos puede ser más de uno. Son personas que trabajan en el territorio y que suelen tener reuniones con distintos sectores del ámbito de trabajo del europarlamentario en cuestión.
Es la manera mediante la cual los parlamentarios conectan de forma directa con los intereses de la región de la que provienen, sirviendo además como cauce para que la ciudadanía pueda acceder directamente a los eurodiputados, que en algunos casos, atienden consultas y organizan eventos y encuentros en estas oficinas.
El Parlamento prevé un presupuesto para cada eurodiputado, y en caso de Toni Comin, Clara Ponsati y Carles Puigdemont, al ser de la misma formación política, pueden unir este presupuesto para, tal y como se anuncia en la noticia, crear una oficina en Barcelona.
En otros casos, son los partidos políticos, sus delegaciones en el Parlamento Europeo, quienes gestionan estas atribuciones de manera conjunta por parte de todo el grupo parlamentario. Algo absolutamente normal, que nunca ha sido noticia ya que responde al funcionamiento que siempre ha tenido el Parlamento Europeo.
El Parlamento en su reglamento recoge la cantidad máxima de la que cada eurodiputado puede disponer al mes para su oficina en el territorio: 25.620 euros. Ofrece la posibilidad de que la oficina se abra en Bruselas, en Estrasburgo o en el lugar de origen del eurodiputado.
El funcionamiento del Parlamento Europeo establece que los sueldos de los asistentes, así como el pago del alquiler y los suministros, se domiciliarán vía el propio Parlamento, por lo que de esta manera, los eurodiputados no gestionan el dinero. Una manera de que sea la institución la que lleve a cabo el seguimiento de los pagos, para evitar caer en posibles pantallas fraudulentas.
En la propia web del Parlamento Europeo se detallan todas las cuestiones relativas a los servicios de los que disponen los parlamentarios europeos. Puede conocerlas aquí.
