La justicia politizada española sigue en su línea. La fiscalía, de perseguir incansablemente el independentismo, a hacer la vista gorda para proteger la monarquía española, y especialmente al investigado por ‘presuntas’ corruptelas, al rey emérito fugado y exjefe de Estado, Juan Carlos I de Borbón.
La justicia española tiene claras sus preferencias, y la fiscalía del Tribunal Supremo no ha dudado en ayudar a un rey fugado con múltiples casos abiertos de corrupción en su periplo, para conseguir la inocencia de todos los escándalos y corruptelas que la rodean.
Unas informaciones de El Confidencial adelantan que la fiscalía envió una comisión rogatoria a Suiza, el estado donde Juan Carlos I escondió dinero opaco a través de fundaciones, pero sólo pidió información de la actividad de la emérito entre 2016 y en 2019, que precisamente es el período donde menos actividad ilícita del monarca ha salido a la luz.
En conclusión, según narra El Confidencial, un año fiscal entero se le habría perdonado al emérito, basándose en la comisión rogatoria que se envió a Suiza. Todo ello, en un contexto donde recientemente se ha revelado que la fiscalía de Sánchez también habría informado el rey emérito que estaba siendo investigado, por lo que Juan Carlos I presentó regularizaciones a Hacienda para huir de estudio rápidamente.
